Corte Constitucional aceptó nueva demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional

La Corte Constitucional aceptó una demanda de inconstitucionalidad presentada por el representante a la Cámara por el Centro Democrático Christian Garcés contra la reforma pensional, la cual evitó un debate al aceptar el texto del Senado sin discutirlo ni explicar su contenido.

“Consideramos que las pensiones son un derecho adquirido y que hoy no se puede desestabilizar la vida de los adultos mayores; esperamos que la Corte Constitucional falle de fondo próximamente y de esta manera se proteja el bolsillo de los pensionados en Colombia”, indicó Garcés.

En la demanda, interpuesta el pasado 18 de julio, el representante argumentó vicios de forma en la aprobación del artículo 84 de la Ley 2381 de 2024, y también señaló que “la disposición demandada, al regular un tema tributario, debió iniciar su trámite en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes como lo expresa el artículo 154 de la Constitución Política de Colombia y no en Comisión Séptima de Senado por donde fue tramitada”.

Una demanda en ese sentido ya había sido interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia el pasado 14 de agosto y quedó bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien también es vicepresidente del alto tribunal.

Según Valencia, todos los aspectos de la reforma deberían haber sido discutidos en el Congreso, incluyendo las propuestas de otros congresistas durante el debate.

Otro punto de la demanda de la senadora es que la reforma crea un régimen especial de pensiones para ciertos grupos, como indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y campesinos, algo que, según la Constitución, no debería permitirse.

Valencia advirtió que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) podría tener demasiado poder para decidir quiénes califican para este régimen especial, lo que afecta a cerca de 20 millones de personas.

Con la decisión de la Corte, los secretarios del Senado y la Cámara de Representantes tienen 10 días para entregar todos los documentos relacionados con la aprobación de la reforma,