Consejo de Estado tumba personería jurídica de Poder Popular, fundado por el expresidente Samper

El Consejo de Estado tumbó la personería jurídica que le había dado el Consejo Nacional Electoral al movimiento político Poder Popular, fundado por el expresidente Ernesto Samper Pizano.

El alto tribunal determinó que el movimiento político no cumplía con los requisitos constitucionales para recibir la aprobación del órgano electoral.

Poder Popular se fundó el 30 de enero de 1982 como una escisión, tras la división de los líderes del Partido Liberal, colectividad a la que estaba afiliado el expresidente Samper.

El movimiento solicitó reconocimiento jurídico alegando dos hechos: el atentado contra Samper en 1989 en el aeropuerto El Dorado y el asesinato del exsenador liberal Ricardo Villa Salcedo en 1992.

Sin embargo, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que no se acreditaron cuestiones de violencia política que afectaran la participación electoral de sus participantes

“El CNE fue ligero en sus razonamientos e insuficiente en solo acudir a estos hechos para argumentar circunstancias de violencia a favor de la petición que hiciere Poder Popular, pues se sirvieron del crimen de lesa humanidad de José Antequera, el exterminio de la Unión Patriótica y la cartelización de algunos sectores de la vida púbica para otorgar personería jurídica”, se lee en el fallo.

Por tanto, el alto tribunal resolvió “declarar la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se reconoció la personería jurídica al movimiento político Poder Popular y se ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos, Movimientos Políticos y Agrupaciones Políticas.

Tras conocerse la determinación, el presidente Gustavo Petro arremetió contra el Consejo de Estado y otros organismos judiciales por tumbar la personería jurídica de varios partidos políticos.

“Es provocar un alejamiento permanente de la ciudadanía a la organización de partidos, que establece como derecho la constitución de Colombia”, cuestionó el mandatario.

Según Petro, estas decisiones “anulan el proceso de paz” frente a la posibilidad de abrir los caminos de la participación política.

“La anulación del derecho fundamental de participación política, que es un derecho político, no son de aquellos que acepta la Convención Americana de Derechos Humanos, y que en magistral sentencia del Consejo de Estado de autoría del magistrado Arenas, se aprobó por sala plena del Consejo de Estado”, añadió el mandatario.