política
Consejo de Estado niega la ‘muerte política’ contra Rodolfo Hernández
Esta decisión se dio tras resolver una demanda que pedía la perdida de investidura del excandidato presidencial.
La sala de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado negó la perdida de investidura que se solicitaba contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez por el delito de tráfico de influencias.
Esta solicitud fue presentada por Nisson Alfredo Vahos Pérez y Yezid Gaitán Marín, quienes acusaban a Hernández de incurrir en un tráfico de influencias al solicitar a la representante a la Cámara Marelen Castillo Torres que designara unas personas en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), para ello le envió un correo electrónico con unas hojas de vida.
Los solicitantes sostuvieron que las declaraciones de la representante a la Cámara a medios de comunicación “evidencian que el exsenador acusado, prevalido de su condición, intentó injerir en una decisión de otra servidora pública para obtener un provecho, circunstancia que, según el marco normativo de los congresistas, configura la causal de desinvestidura alegada”.
A pesar de que el exsenador aceptó que le envió un correo electrónico a su exformula presidencial Marelen Castillo Torres, con una invitación para que revisara los perfiles de las hojas de vida de unos profesionales que integrarían la UTL del propio Hernández Suárez. No se encontró probado algún tipo de influencia para escoger algún candidato.
Incluso la misma Castillo aseguró que sus declaraciones al medio de comunicación no fueron alguna acusación al respecto y que el título de la nota publicada no era real sobre lo que ella dijo, declarando además que no reconoció “algo indebido” en la propuesta del exsenador.”
Tampoco se encuentra configurado el segundo presupuesto de la causal de tráfico de influencias, pues no se probó que Hernández Suárez hubiera invocado su condición de senador ante Marelen Castillo Torres para influirla y obtener de esta la postulación de unos profesionales en su UTL”, expresa el fallo.
El Alto Tribunal también determinó que ni Jesús Rodrigo Fernández Fernández y Ernesto Matallana – mencionados en el nombrado correo electrónico, estuvieron vinculados a la UTL de Rodolfo Suárez Hernández, previa postulación de este. “De manera que, no se reunieron los presupuestos de configuración de la causal de desinvestidura de tráfico de influencias debidamente comprobado”.
Rodolfo Hernández, inhabilitado por 14 años
El 31 de mayo, la Procuraduría General de la Nación informó que sancionó al excandidato presidencial Rodolfo Hernández, con destitución e inhabilidad general por 14 años, por el caso de corrupción conocido como ‘Vitalogic’, que habría tenido lugar mientras fue Alcalde de Bucaramanga.
La Procuraduría estableció el exalcalde de esta ciudad tuvo interés indebido en el proceso de selección del contrato para el aprovechamiento y disposición de residuos sólidos a la Unión Temporal Vitalogic RSU, que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado.
La Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 comprobó que Hernández tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar. En este intercambio, el excandidato presidencial entregó “información privilegiada” sobre requisitos que debían tener para asegurar la adjudicación del contrato, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección.
“Se comprobó que Hernández Suárez tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionada”, dice el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.
De igual manera, el Ministerio Público encontró probado el segundo cargo y concluyó que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras, según detalló en el comunicado la Procuraduría.
*Con información de Colprensa*