Colombia y su relación con la vecina dictadura venezolana: Análisis

Por Ronal F. Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, y coordinador del Radar Colombia Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

El primero de mayo de 2017, Nicolás Maduro anunció la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y formalizó el inicio de la dictadura en Venezuela.

Al igual que muchos de los regímenes autoritarios del Siglo XXI, cada cierto tiempo realiza certámenes electorales para fingir democracia, para demostrar el control que tiene del sistema político, y como instrumento para distribuir poder entre sus aliados sin mayores sobresaltos, o incluso, como herramienta de negociación para liberar presión.

Venezuela no se convirtió en dictadura después del fraude electoral de las presidenciales del 28 de julio de 2024, ni tampoco en las pasadas elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo. El deterioro democrático inició desde la misma llegada del chavismo al poder, el cual contó en los primeros años con el respaldo popular fundamentado en una relación clientelar con sus bases, quienes los apoyaban en las urnas. La Revolución Bolivariana aludía a una legitimación plebiscitaria con respaldo popular.

Pero eso cambió cuando el chavismo perdió el poder legislativo en las elecciones de 2015. La merma de respaldo popular inició en 2007.

Hugo Chávez, el entonces presidente, no logró aprobar el referendo de la reforma constitucional, y poco a poco se fue evidenciando el aumento de los votos por la oposición en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. En el periodo madurista de la Revolución Bolivariana se pasó a una estructura de represión como mecanismo de permanencia en el poder.

La institucionalidad del Estado colombiano se ha quedado corta para relacionarse con la vecina dictadura venezolana. La mayoría de nuestros instrumentos bilaterales fueron planteados en la segunda mitad del Siglo XX, y asumiendo que Venezuela era una democracia.

Caracas es hoy una dictadura que se sostiene en el poder gracias a su efectivo aparato represor y se requiere un abordaje diferente de relacionamiento.

Actualmente, ciudadanos colombianos son víctimas de la represión de las autoridades venezolanas, y, a pesar de la simpatía que existe entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, poco se ha logrado en la protección de los Derechos Humanos de estos connacionales.

De hecho, desde que se restablecieron relaciones, en septiembre de 2022, pocos son los avances concretos en la relación bilateral. Quizás, el comercio ha crecido significativamente, pasando de los 391 millones de dólares en 2021 a los 1125 en 2024; no obstante, continúa siendo frágil y supeditado a las realidades de un régimen dictatorial que no ofrece ninguna garantía jurídica.

No se puede romper relaciones diplomáticas o consulares, ni mucho menos cerrar las fronteras, tampoco cortar las relaciones comerciales. La inherente interdependencia entre nuestros países, la profunda relación entre los pueblos y la mixtura migratoria obliga al Estado colombiano a estructurar una relación bilateral con la compleja dictadura vecina.

No es fácil construir esa relación. Venezuela se ha sustraído de los espacios multilaterales y ha construido complejas relaciones con potencias no democráticas extracontinentales, además suele anteponer narrativas y discursos por encima del pragmatismo necesario.

A ello se suma que ha perdido el monopolio de la fuerza y el control territorial, haciendo del país un espacio propicio para el surgimiento de grupos criminales, así como para el crecimiento y expansión de organizaciones como el ELN, todo lo cual dificulta la relación fronteriza.

La pregunta es ¿cómo mantener una relación bilateral con Venezuela después del 7 de agosto de 2026, cuando ocurra el cambio de gobierno en Colombia y en Venezuela prevalezca la dictadura de Nicolás Maduro, en un contexto internacional cada vez más propicio para los regímenes autoritarios?