Renacimiento de la Justicia

Se trata de una fortaleza que ha caracterizado a Colombia y que la distingue entre los países de América Latina y que le permite a sus ciudadanos y a los inversionistas extranjeros, mirar con plena confianza lo que nuestro tiempo se ha denominado Rule of Law, el imperio de la ley, como la principal característica de un régimen político serio y confiable.

40 años después, la organización judicial de Colombia es mirada con respeto y admiración, particularmente, el desempeño de sus altas cortes y principalísima, entre ellas, la Corte Constitucional.

En el mundo, es un ejercicio permanente seguir con cuidado las decisiones de la Corte Constitucional y apreciar todo lo que tienen de innovación y de contribución a una concepción moderna del derecho y que responden a las más exigentes demandas del contexto social, económico y político que vive una nación como Colombia.

Es deplorable que no nos ocupemos de ese reconocimiento que contribuye a reforzar una de nuestras más apreciadas tradiciones y que es, además, fundamento de nuestra estabilidad democrática.

Los homenajes que se rinden en estos días a los magistrados vilmente sacrificados en los sangrientos hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, les recuerdan a todos los operadores de la Justicia cuáles son las virtudes que deben caracterizarlos y hasta qué punto sus vidas son testimonio de un compromiso noble e imperecedero por los más altos valores en una sociedad.

En estas mismas fechas, realizábamos en Bogotá, bajo el auspicio del Programa de relaciones internacionales de América Latina, Rial, una significativa reunión de los profesores de esta especialidad en varios continentes. Habíamos salido de una reunión con el presidente Betancur en la cual el diálogo y el proceso de paz con el M-19 fueron los temas centrales del Presidente, y fue enorme el desconcierto de estos académicos cuando minutos después, al regresar a la sede de la reunión en el hotel Tequendama, se enteraron de la toma del palacio, y en las horas siguientes de una situación que contradecía totalmente la conversación que habían sostenido con el Mandatario. Fue algo verdaderamente traumático para todos ellos que en cuestión de horas pasaron de la admiración al desconcierto máximo y a la incredulidad.

Creo que los gobiernos de Virgilio Barco y de César Gaviria, y la elaboración de una nueva Constitución, la de 1991, fueron en alguna manera respuestas institucionales a esta monstruosa acción de M-19. Y la creación de la Corte constitucional ha sido, con su brillante desempeño, un justo homenaje a los magistrados sacrificados, principalmente a los miembros de la Sala Constitucional, que con tanta sevicia fueron eliminados.

El brutal ataque del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, fue un desafío a la tradición jurídica que ha caracterizado la vida independiente de Colombia. Una tradición que, por fortuna, se hizo más fuerte a raíz de ese monstruoso evento y, hoy más que nunca, son las instituciones judiciales las que han preservado el Estado de derecho en Colombia. Se podría decir que es una gran paradoja. Pero no ha sido así.