Un chance para la paz

Más allá de sus diferencias políticas o ideológicas, la búsqueda de la paz ha movido la mayoría de los últimos gobiernos de Colombia. Esto porque, tras más de seis décadas de confrontación con grupos guerrilleros y paramilitares, las estrategias de la Fuerza Pública han sido insuficientes para acabar con todos los actores armados ilegales.

También tienen razón, hay que decirlo, quienes llaman la atención por el aumento de la violencia que se está registrando en buena parte del país, pese a la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz con las Farc, hace ya siete años. Una situación dolorosa, por decir lo menos, puesto que los habitantes de las zonas más apartadas son los que están siendo más afectados por las masacres y el desplazamiento forzoso, después de que por espacio de alrededor de dos años, durante la etapa final de las negociaciones en La Habana e inmediatamente después, pudieron disfrutar de lo que es vivir en un país en paz.

Y justo el deseo y el derecho de que ese asomo de pacificación se convierta en una realidad definitiva para todos los colombianos fue lo que soportó la propuesta de Paz Total del hoy presidente Gustavo Petro, en el entendido de que el Acuerdo del Teatro Colón resultó insuficiente, no solo porque su implementación se quedó a medias, sino porque dejó por fuera a otros actores generadores de violencia.

De ahí que, con los válidos reparos que se le han hecho a esa política bandera del actual Ejecutivo, por su falta de reglamentación y porque ha pretendido flexibilizar los límites de la ley para su aplicación, algunos sectores siguen reclamando y anhelando la pacificación del país.

Y para esa exigencia resulta esperanzador el anuncio del nuevo Alto Comisionado de Paz, en el sentido de que esa oficina no se ocupará solo de propiciar acercamientos con los actores armados ilegales, incluidos los narcotraficantes, sino que se encaminará a territorializar la paz.

Una apuesta que parte del presupuesto de que guerrilla, paramilitares y fomentadores de las economías ilegales no son los elementos más importantes para lograr la pacificación de una región, sino las propias comunidades y una contundente implantación del Estado Social y de Derecho, que recupere la confianza que, con razón, ellas le han retirado.

Un reto enorme, por supuesto, pero que pone el acento en una realidad que se evidenció con la implementación a medias del Acuerdo con las extintas Farc: mientras el Estado no haga una presencia eficaz y permanente en el tiempo en las zonas más apartadas del país, los pactos con los actores ilegales no serán más que un canto a la bandera.

Esto va en consonancia con otra realidad y es que hay muchos territorios en los que no actúa uno sino varios actores, por lo que tiene mucho sentido que el responsable de la Política de Paz del Gobierno asegure que su objetivo no es hacer un acuerdo con un grupo armado ilegal y otro con otro, sino definir un solo camino por medio del cual se buscará “convencer” a las comunidades de que pueden confiar en el Estado y “disuadir” a los generadores de violencia, por la vía del diálogo o del uso de la fuerza legítima del Estado, de que, superada la pobreza y el abandono estatal en esas regiones, en las mismas ya no hay espacio para ellos.