Silencio preocupante

El silencio del Estado frente a los graves hechos que suceden en el norte del Cauca y afectan de manera directa al sector cañicultor, a sus trabajadores y a las comunidades que dependen de ellos, es preocupante.

En los últimos años han sido sistemáticos los ataques de quienes pretenden apoderarse a la fuerza de propiedades que les pertenecen legítimamente a sus dueños, así como la violencia a la que recurren para obtener su propósito. Pese a ello no ha habido una respuesta contundente de la Nación ni de sus autoridades, responsables de garantizar los derechos, la vida y la integridad de quienes están siendo vulnerados por esas acciones.

Durante la última semana se han denunciado incursiones armadas a por lo menos tres predios dedicados a la agroindustria de la caña de azúcar en el municipio de Miranda, Cauca, además del secuestro de dos trabajadores, liberados posteriormente, así como la destrucción de cultivos y de maquinaria agrícola. Los invasores han instalado cambuches en esas propiedades, impiden la movilidad de las comunidades aledañas y ejercen intimidación entre la población que en su mayoría labora en las fincas afectadas.

Todo ello se da mientras continúan las mesas de diálogo que desde el año anterior se instalaron en el norte del departamento con la participación de representantes de los pueblos indígenas, de las comunidades negras, el sector azucarero y autoridades de la región, con el propósito de llegar a acuerdos y evitar las confrontaciones. Queda claro que los pactos alcanzados se rompieron y no existe un interés verdadero por encontrar soluciones que impidan los actos violentos y la violación de derechos legítimos.

Lo que sucede en el norte del Cauca y se extiende a algunas propiedades en el Valle, es de extrema gravedad. Solo en lo que va de este año han sido asesinados tres trabajadores, ocho más han resultado heridos y tres fueron secuestrados. El gremio ha advertido que son seis mil hectáreas las que han perdido su productividad como consecuencia de las invasiones y la destrucción de cultivos, insumos y maquinaria agrícola, en su mayoría cometidos por organizaciones indígenas, con lo cual se pone en riesgo una parte importante de los 260.000 puestos de trabajo que ofrece el sector.

Son todas razones para que el Estado intervenga de manera decidida y contundente para darle respuesta a una situación que es ya insostenible. La protección de las tierras, de la propiedad privada y la libre empresa en el Cauca, así como de las poblaciones que se ven afectadas por los constantes hostigamientos, es una obligación consagrada en la Constitución que no se puede dejar solo en manos de la Fuerza Pública, que ve limitado su accionar a la hora de obligar al desalojo de los predios invadidos o repeler a quienes usan la violencia para obtener sus propósitos.

El silencio que guarda el Gobierno Nacional en nada contribuye a encontrar una salida, y sí se puede tomar como una forma de alentar lo que hoy sucede en la región o de propiciar que quienes cometen los delitos permanezcan en la impunidad, en nombre de derechos inexistentes y desconociendo el orden jurídico que rige en Colombia. Por ello de nuevo hay que reclamar su intervención y la de las autoridades para hacer que prevalezcan la Constitución y las leyes, tal como corresponde en un Estado de Derecho.