No más fraude al Soat

En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no es un simple requisito legal que se renueva una vez al año. Es, literalmente, una herramienta que salva vidas. Su razón de ser es garantizar que, ante un siniestro vial, cualquier persona lesionada -peatón, pasajero o conductor- reciba atención médica inmediata.

Por eso, no hay justificación alguna para que los conductores evadan esta obligación, que es en beneficio de todos los usuarios de las vías, y más grave aún, que se juegue con los escasos recursos que hoy tiene la Nación, que es al final la que asume los pagos de quienes se accidentan y no tienen Soat.

Las recientes revelaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) preocupan y evidencian un fraude constante en el manejo del seguro. No son errores menores: se trata de una maquinaria que incluye clínicas fantasmas, facturación inflada, pacientes inexistentes y hasta inventos macabros como defunciones falsas para cobrar indemnizaciones.

En apenas dos años, la Adres ha detenido pagos millonarios por las dudas en el cobro de este seguro y ha denunciado a 36 IPS ante la Fiscalía. El fraude no se concentra en un solo rincón del país: Atlántico, Córdoba, Magdalena y también el Valle del Cauca, aparecen como focos principales. Solo en mayo de este año, las IPS de nuestro departamento presentaron el 19,8 % de las reclamaciones al Estado por accidentes con vehículos ‘fantasma’ o sin Soat, eso equivale a $ 17.055 millones.

Estos números no solo muestran un problema de corrupción; revelan un abuso sistemático de un seguro que debería estar para salvar vidas, no para enriquecer a unos pocos. Cada peso que se le desfalca al Soat es un peso menos para atender a una víctima real de accidente de tránsito. Es un golpe directo a la salud pública.

De ahí, el llamado a que los colombianos sean conscientes de esta responsabilidad. El actual Gobierno bajó el valor de este seguro para impulsar a los motociclistas a adquirirlo, pero los resultados de la medida no han sido contundentes.

El Registro Único Nacional de Tránsito reporta una evasión general del 40 % de los vehículos que transitan en el territorio nacional. Hay que hablar claro: no comprar el Soat es un acto de irresponsabilidad social, se han dado las herramientas para que el seguro esté al alcance de todos. Al mismo tiempo, defraudar el sistema es un delito que debe ser castigado con todo el peso de la ley.

Y no basta con indignarse: es hora de cerrar filas. Las autoridades deben fortalecer las auditorías, perseguir judicialmente a las IPS fraudulentas, sancionar a los funcionarios que, por negligencia o complicidad, dejaron que estas operaran.

Como región, no se puede permitir que el Valle del Cauca se consolide en la lista negra de territorios con más reclamaciones dudosas. Hay que dejar atrás ese discurso de que “el Estado paga igual”; la verdad es que pagan todos los colombianos cuando se deja que unos pocos conviertan la solidaridad en negocio.