Llamado a la mesura

Ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de investigar al presidente Gustavo Petro y a quienes dirigieron su campaña en 2022 por presuntas irregularidades en la financiación, era de esperar el debate entre quienes consideran que el organismo actuó en derecho y aquellos que argumentan que se trata de una violación al fuero presidencial. La reacción del Primer Mandatario, sin embargo, ha llevado la discusión a terrenos peligrosos que pueden hacerle gran daño al país, por lo cual es indispensable llamar a la mesura y al respeto por la institucionalidad.

Con siete votos a favor y dos abstenciones, el 8 de octubre la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió abrir una investigación y elevar pliego de cargos contra la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro. La presunta violación de los topes electorales así como la posible financiación ilícita son los delitos por los cuales se adelanta la investigación.

La mayoría de magistrados consideró que quienes deben responder “por la presunta vulneración del régimen de financiación de las campañas electorales” son el entonces candidato y hoy Presidente de la República y cuatro altos mandos de la misma, incluido el gerente, Ricardo Roa, quien actualmente se desempeña como presidente de Ecopetrol. Además de la tesorera y los auditores, en las pesquisas se incluyó a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, del Pacto Histórico que avaló la candidatura de Petro.

Si bien es comprensible que una decisión de ese calibre genere debates ante la posibilidad de que se afecte el fuero presidencial, la Corte Constitucional dejó clara la competencia del CNE para investigar la financiación de las campañas e imponer, de ser el caso, las sanciones a que haya lugar si se comprueban las irregularidades. Lo responsable es aceptar esa indagación y hacer la defensa a que haya lugar si se pretende demostrar que no hubo transgresiones a las leyes.

Llevar la discusión al nivel que lo ha hecho el presidente Petro es por lo menos riesgoso. Asegurar que con la investigación del CNE ha comenzado “el golpe de Estado” en su contra, o insistir en el llamamiento a que las organizaciones populares del país entren en asamblea permanente “porque la hora de la movilización generalizada del pueblo colombiano ha llegado”, es allanar el camino de las confrontaciones que pueden terminar en hechos violentos en diferentes partes del territorio nacional.

Lo prudente es llamar a cordura y por encima de todo al respeto hacia los organismos de control y de Justicia, a los debidos procesos, a la separación de poderes y a la institucionalidad. Todo este asunto deberá resolverse en los estrados que corresponden no en los que pretendan los contradictores o quienes son afines al presidente Gustavo Petro.

Él es el primero obligado a acatar la ley y lo que establezca la Constitución Nacional mientras el CNE deberá garantizar los derechos procesales del Primer Mandatario y de aquellos contra quienes se han elevado cargos por presuntos delitos en la financiación de su campaña electoral.

Por sobre todo, se debe evitar que una decisión tomada en derecho, se convierta en un instrumento político de confrontación y, más grave aún, en un motivo para desestabilizar aún más al país. La mesura se impone.