La legislatura que terminó

El 20 de junio terminó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Legislativo. El balance de lo sucedido en el Congreso de la república deja sinsabores, en particular para el Gobierno de Gustavo Petro que no logró pasar varias de sus reformas más importantes, pero en particular para una Nación que sigue viendo las mismas malas prácticas de siempre, que desdibujan la voluntad popular y ponen en entredicho a quienes fueron elegidos para conformar las dos cámaras.

A la carrera y con jugadas por lo menos cuestionables, tanto de parte de las bancadas oficialistas como de las conformadas por los partidos de oposición, la actividad parlamentaria cerró el jueves pasado con la aprobación de proyectos como la reforma pensional, el primer debate de la laboral cumplido o el hundimiento definitivo de la reforma estatutaria de educación. Treinta textos, en su mayoría presentados por los legisladores, pasaron a sanción presidencial luego de ser aprobados a pupitrazo limpio durante el último día de sesiones.

Mención especial merece la reforma pensional, que en el último suspiro salió avante en una apuesta del oficialismo que al final puede resultar fallida. En lugar de hacer el debido debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, y para obviar la conciliación entre las dos cámaras por la premura de tiempo, se optó por aprobar el texto tal cual llegó del Senado, sin discusiones ni análisis. Ahora le corresponderá a la Corte Constitucional determinar su validez.

La que pasó es otra legislatura más en la que no se ve la transformación en la forma de hacer política que tanto se prometió hace dos años, cuando empezó el mandato de Gustavo Petro. No es de extrañar que así suceda, para ello el Ejecutivo cuenta con un Ministro del Interior curtido en tales lides, que sabe cómo hacer funcionar la maquinaria del Congreso y provocar que las fuerzas políticas giren hacia donde el péndulo les marque.

Como siempre, se vio a bancadas y congresistas, incluidos aquellos de los otrora partidos tradicionales, cambiando de tercio, según sus intereses particulares. También a una oposición recurriendo a las mañas de siempre para retrasar discusiones, aplazar votaciones o difuminar los trámites. Es decir, todo aquello que va en detrimento de los intereses de la Nación y de la confianza de la voluntad popular, depositada por los colombianos en quienes escogieron para representarlos en el Legislativo.

Queda claro que el presidente Petro y su gobierno no salieron bien librados al término de la legislatura que concluyó. Ya en la mitad de su mandato son pocos los cambios prometidos que ha conseguido sacar avante, mientras otros los ha impuesto a la brava como sucedió con la fallida reforma a la salud, que terminó aplicando a la fuerza a través de la intervención de EPS o llevando a su más profunda crisis al sistema. Todo ello le pasa factura a la popularidad del Primer Mandatario y mina la confianza en el país.

El próximo 20 de julio se instalará un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República. Con las elecciones presidenciales y legislativas a la vuelta de dos años, que deberán estar garantizadas como salvaguardas de la democracia y la conservación de Colombia como un Estado Social de Derecho, hay pocas expectativas de que avancen las reformas que espera el país o que se den los debates con la altura que anhela la Nación.