Elecciones en peligro

Los riesgos que afronta el proceso electoral en el Valle del Cauca quedaron en evidencia el fin de semana anterior. El asesinato de Claudia Ordóñez, candidata al Concejo de Jamundí, así como el ataque a la casa paterna de Gustavo Vélez, quien aspira a la Alcaldía de Tuluá, prueban que la violencia está interfiriendo en la actual campaña, lo que debe llamar la atención de las autoridades para garantizar la tranquilidad y confianza en los próximos comicios regionales.

Son varias las denuncias por los hechos de violencia que hoy tienen en jaque las elecciones en algunos municipios del departamento. Hay poblaciones donde es imposible moverse hacia las zonas rurales por los riesgos que ello implica para la seguridad de los candidatos y sus delegaciones, la libertad de prensa también ha sido amenazada por organizaciones criminales y las alteraciones de orden público alteran el libre desarrollo democrático.

Según los más recientes informes y mapas de riesgo presentados por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral, MOE, entidades que llevan varios meses alertando sobre la situación en el Valle, son Buenaventura, Jamundí y Tuluá, las ciudades donde hay mayor peligro para el libre desarrollo de la actual campaña política. Coincide, por supuesto, con la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el Clan del Golfo o de la delincuencia organizada.

No son, sin embargo, las únicas poblaciones donde hay alarmas encendidas. En municipios como Pradera, Florida y Candelaria se ha alertado a los candidatos para que eviten los desplazamientos, en particular por fuera del casco urbano. En algunos circulan panfletos amenazantes dirigidos a quienes participan en la contienda, pero así mismo en contra de los medios de comunicación a los que se pretende coartar su derecho a informar de manera libre, como está consagrado en un Estado de Derecho como Colombia.

Ya no son solo las alertas tempranas las que preocupan; son los acontecimientos reales que suceden en el Valle del Cauca los que deben llamar la atención de la Nación para que se blinde al departamento de quienes pretenden, sembrando la violencia y generando temor entre la población, alterar el que sin duda es el evento más representativo de la democracia y que refleja la voluntad popular.

Desde las administraciones locales y el Gobierno Departamental se han alzado las voces para pedir protección para el departamento y garantías para el buen del proceso electoral que culminará el próximo 29 de octubre. Para ello es preciso brindar las seguridades necesarias a quienes están en la competencia política y así mismo a quienes ejercerán su derecho al voto.

El deber de las autoridades, tanto nacionales como regionales, así como de las Fuerzas Militares y de Policía, es proteger al Valle del Cauca y a cada uno de sus municipios de quienes pretenden, a través de la violencia y del poder de la amenaza, empañar la gran fiesta democrática en la que se elegirá libremente a quienes manejarán los destinos de la comarca durante los próximos cuatro años.