¿Y por qué no entienden?

El presidente Trump insiste, una y otra vez, en todos los escenarios sobre su decisión de cambiar radicalmente la lucha contra el problema de las drogas ilícitas que él considera no debe continuar haciéndose dentro de los esquemas propios del derecho penal. En otras palabras, piensa que los comportamientos de los traficantes de drogas en cualquiera de sus etapas, no son criminales, como se diría hablando en términos del derecho penal, sino “combatientes ilegales”, o sea guerreros que atacan la seguridad de los Estados Unidos y la supervivencia de sus ciudadanos. Y en consecuencia, ha decidido que no se debe continuar con una lucha que ha demostrado ser ineficaz y que es necesario transformarla en lo que él ha denominado “un conflicto armado no internacional”.

Por ello, con frecuencia, las comparaciones que hacen los funcionarios del gobierno americano, por ejemplo, son con la situación de Osama bin Laden, y la manera como Estados Unidos finalmente lo eliminó. No le aplicó el derecho penal de los Estados Unidos, ni uno de carácter internacional. No se trataba de capturarlo y de llevarlo ante un juez para probarle sus crímenes, de darle la oportunidad de defenderse, y si era condenado de contar con instancias que le permitieran obtener una segunda opinión judicial que pudiera favorecerlo...

Desde cuando se explicó una importante fuerza naval en las aguas del Caribe, cerca de Colombia y Venezuela, se hizo evidente que había una nueva estrategia en la lucha contra las drogas ilícitas. Y ya cuando se produjeron bombardeos contra lanchas rápidas que se alega eran conducidas por narcotraficantes y llevaban cargamentos de drogas ilícitas, no quedaba duda de que ese anuncio se estaba cumpliendo a cabalidad.

Luego se produjo la así denominada “Notice” que el presidente Trump envió al Congreso para colocar esta situación en el marco jurídico de, repito, una confrontación armada no internacional, para así justificar ante el Congreso estas acciones y hacer lo propio con las que venían inmediatamente y que ahora se ejecutan también en el Pacífico.

Me parece que el gobierno colombiano, y también la sociedad colombiana, que hemos sido los principales socios de los Estados Unidos en esta estrategia contra las drogas que se inició hace 50 años y que ha tenido altibajos, fracasos y éxitos, hemos debido propiciar una seria conversación al respecto, porque su implementación que ahora el presidente Trump anuncia que se extenderá a los territorios tiene consecuencias de muy diverso orden y significado. ¿Acaso ya a Estados Unidos no le interesaba esa alianza estratégica con Colombia y con otros países para confrontar la amenaza que implicaban las drogas ilícitas? Francia se implicó al involucrar dos de sus dependencias en el Caribe… no conozco cuál ha sido la respuesta de otros países europeos o latinoamericanos.

La confrontación descomunal entre el gobierno de Estados Unidos y el colombiano ha girado solamente sobre el tema del narcotráfico. No se hace alusión a otros asuntos que podrían haber sido muy molestos, desagradables o inaceptables. La misma designación del presidente Petro, como “líder del narcotráfico” que no es idéntica a la que se ha formulado con respecto al presidente Maduro, así todos repitan esa similitud, muestra la naturaleza de esta confrontación, y no entiendo cómo hasta la fecha esa no se asume y debate en los nuevos términos. La controversia ha estado en los medios de comunicación de los Estados Unidos durante las últimas semanas y no se puede declarar ignorancia al respecto.

El Congreso de los Estados Unidos ha solicitado precisiones al respecto y muchos desconocen la legalidad de esta nueva estrategia. Pero aquí es como si nada de esto estuviera ocurriendo. ¿Ese acaso es el comportamiento que le corresponde al principal socio de los últimos 50 años en la lucha contra el problema de las drogas ilícitas en el mundo?