Un sistema en crisis

Una de las grandes propuestas del gobierno en el 2023 fue la reforma de la salud, la cual no logró los consensos necesarios y se hundió en la Comisión Séptima del Senado luego de haber sido aprobada en la Cámara de Representantes. El Senado tomó atenta nota del sentimiento mayoritario de la opinión pública que quería cambios en el sistema de salud, que sin duda puede ser objeto de mejoras, pero que no respalda la eliminación total del sistema.

Como el Congreso no aprobó la nefasta reforma de la salud, Petro y su mentiroso e irresponsable ministro de Salud, optaron por destruir un sistema que con sus defectos, había permitido aumentar el cubrimiento de seguridad social en salud de 22% a inicios de los años 90 a 95% en los últimos años.

En medio del desfinanciamiento progresivo del sector salud, en el pasado mes de abril la Superintendencia de Salud decidió intervenir a dos de las promotoras más grandes del país: Nueva EPS y Sanitas. Al cabo de unos días, Compensar solicitó su liquidación, mientras que la EPS Sura presentaba un plan para su retiro formal del sistema. Desde hace más de un año el sector ha venido alertando que atraviesa la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años.

La mejor prueba de la incompetencia de Guillermo Alfonso Jaramillo es la debacle que el ministro causó en el servicio de salud para los maestros. Este gobierno solo se muestra eficaz en su capacidad de destrucción. El presidente Petro ha querido suplir sus carencias a punta de discursos. Fue una promesa de cambio acompañada de incapacidad de gestión.

La eficacia del sistema de salud que propone el gobierno está en tela de juicio por los malos resultados del recién estrenado modelo del magisterio considerado un ‘piloto’ de la reforma, que ha sido objeto de innumerables quejas de maestros que padecen con angustia el deterioro de su cubrimiento médico.

El gobierno debe asumir su responsabilidad y convocar a todos los actores del sistema de salud para encontrar soluciones prácticas y concretas a los desacuerdos que existan. No puede existir obstinación por imponer un nuevo modelo de salud que no ha gozado de aceptación ni del Congreso, ni de los gremios del sistema, ni de los expertos, ni mucho menos de los pacientes.

La legitimidad y la permanencia de las llamadas reformas sociales del gobierno, tendrán una mayor solidez si proceden de un recorrido que combine el diálogo que busque el consenso, un respaldo técnico y una información veraz sobre la realidad de cada sector. Los senadores y los representantes no deben dejarse influir ni afectar su compromiso de darles a los proyectos de ley que radique el gobierno, la discusión requerida, el trámite parlamentario y los espacios para el consenso.

Así mismo, en relación con el nuevo proyecto de la reforma de la salud, los congresistas deben tener claro que en este tema está en juego algo muy delicado que tiene un valor que sobrepasa cualquier cálculo electoral o politiquero. Son los llamados a evitar un riesgo innecesario para los colombianos. No se justifica acabar con un sistema de salud que tiene innegables logros para mostrar.

La verdadera equidad se logra con acciones, no con discursos ni con promesas. Hay que contener la crisis del sistema de salud o vamos a terminar los colombianos como están hoy los maestros de Fecode. No se puede seguir destruyendo lo que entendemos necesita ajustes, por capricho personal, sesgo político o simple ignorancia. La salud no puede seguir cayéndose a pedazos.