Sometimiento autoritario

La Paz Total fue un objetivo del pasado Gobierno que, como propósito de Estado, fue y seguirá siendo legítimo. Pero, durante el cuatrenio anterior, su puesta en marcha fracasó, como bien lo muestra Eduardo Pizarro (El fracaso de la Paz Total, Penguin Random House, 2026). Después del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 y de los varios intentos fallidos realizados con el Eln, hoy asistimos a un cambio notable de la criminalidad organizada que se ha extendido por el territorio nacional, criminalidad vinculada con distintas economías ilegales. El fracaso del expresidente Petro tiene que ver con un equipo de trabajo y una política pública que no estaban coherentemente estructurados desde el principio, lo que condujo a diálogos fragmentados y sin resultados que se mantuvieron en medio del avance de la criminalidad y la violencia en varios territorios. También con un Ejército y una Policía debilitados en personal, inteligencia y medios que además no tenían claro su rol. Y no se debe descartar la incapacidad del Gobierno para tramitar una ley operativa que posibilitara la práctica de los acuerdos. Sin embargo, a pesar de su fracaso, no se puede argumentar que el modelo subyacente, que tiene como premisa la comunicación y el diálogo con la criminalidad organizada como un método para resolver el conflicto, haya fracasado. A futuro, este método todavía tiene posibilidades, con limitaciones, por supuesto.

La estrategia anterior se diferencia del proyecto de ley presentado por el presidente De la Espriella, que busca el sometimiento del crimen organizado a la justicia ordinaria, sin negociación y sin considerar un estatus político a la contraparte. Se persigue desmantelar las organizaciones que afecten gravemente el orden público, la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y los derechos de la población civil. Se propone una política de Estado para 10 años, con informes anuales de resultados. Para desmantelar las organizaciones criminales y lograr su sometimiento, el método implícito es la acción abierta de las Fuerzas Armadas del Estado. No hay negociación, sino militarización para contrarrestar el crimen organizado, al que no se le reconoce estatus político por sus vínculos con las economías ilegales y el uso de formas terroristas de violencia. Paradójicamente, el proyecto de ley habla de espacios de reclusión como las colonias agrícolas, de beneficios en las condenas, si hay colaboración y de otros elementos propios de una justicia restaurativa. En síntesis, se propone un modelo autoritario y militarista para luchar contra el crimen organizado, aunque tiene ambigüedades.

Nos encontramos ante 2 modelos alternativos para tratar el crimen organizado, uno de los cuales fracasó y el otro, que, presumiblemente, se puede pronosticar, también va a fracasar. En efecto, el crimen organizado está anclado en un conflicto social que no depende exclusivamente del accionar militar y/o policial. Esto lo comienzan a mostrar los operativos desarrollados a raíz del paro armado en Santa Marta, o bien los operativos contra el crimen organizado en el centro de Cali. El caso más complejo está en organizaciones armadas, como el Eln, que se consideran políticas desde hace décadas y que no van a abandonar esta bandera ante tal ley de sometimiento. No se sabe cuál puede ser su reacción a la nueva política. Lo mejor que puede suceder, pensando con ingenuidad, es que, por última vez, entren en un acuerdo de paz, dejando las armas. Si ello sucede, no es viable el sometimiento como lo propone el Gobierno. En suma, se pueden recuperar enseñanzas de los procesos de paz anteriores. Se requiere reconocer el conflicto, los actores involucrados, formas de transacción y de justicia, pero no transigir en la entrega de armas.