¿Otro sometimiento en Buenaventura?

Los Shottas y los Espartanos ya no caben en Buenaventura. Tienen operaciones documentadas en Chile, refugios en Bolivia y España y vínculos con rutas del narcotráfico hacia Centroamérica y Europa. Frente a ellos, la inteligencia estratégica del Estado llega debilitada. Durante la Paz Total, el Gobierno negoció durante siete meses sin una caracterización pública de sus interlocutores, y ninguna advertencia oficial anticipó su expansión, la ruptura de la tregua ni la huida de sus cabecillas.

Las dos organizaciones suman entre 1200 y 2000 integrantes, repartidos en unos 80 grupos para los 136 barrios del puerto. En sus filas hay exintegrantes de las AUC, las Farc, el Eln, las disidencias, Los Rastrojos y el Clan del Golfo, y veteranos de La Empresa y La Local. Muchos llevan cerca de tres décadas delinquiendo bajo distintas banderas sin cambiar de oficio. Junto con Los Chiquillos, la tercera estructura criminal del puerto, concentran el 60 % de los homicidios. Llamarlos jóvenes incomprendidos, pandillas o estructuras de crimen de alto impacto es un error de diagnóstico.

Ese error explica por qué el Estado apenas ha tocado la extorsión que le arranca a la población y a los negocios formales e informales del puerto unos 2.300 millones de pesos mensuales. Apenas el 3 % de los casos llegan a denuncia entre la población y el 44 % entre las empresas formales. En 2025 hubo 312 capturas contra las tres estructuras. Sin embargo, no hay condenas registradas contra los integrantes identificados de Los Shottas, y apenas dos condenas entre los 40 espartanos procesados. Capturar no es desmantelar, y judicializar no es condenar.

El gobierno de Abelardo de la Espriella impulsa una ley de sometimiento. Ofrece rebajas de hasta el 50 % para integrantes y del 30 % para cabecillas, a cambio de verdad, reparación, entrega de bienes y desmantelamiento verificable. ¿Por qué se sometería una organización cuyas ganancias llevan décadas superando el costo esperado de delinquir?

La solución depende menos de la rebaja penal que de la certeza de la sanción. Nuestro modelo de equilibrio estratégico mide el poder criminal en una escala de 0 a 100. Con 600 policías más y la justicia de siempre en el puerto, el índice se queda en 86 y el territorio sigue en disputa. Con 900, apenas se mueve. La diferencia está en los fiscales y los jueces. Entre 2010 y 2014, menos del 2 % de los homicidios en Buenaventura terminaron en condena, y aun el escenario base, con cuatro equipos fiscales, judicializa apenas el 25 % de los casos y condena el 10 %. Con 18 equipos, 80 % de judicialización y 60 % de condenas, el índice cae a 35 y el Estado toma ventaja desde el mes 13.

La seguridad del puerto obedece a la misma lógica. Por sus muelles entran contenedores con armas y salen otros con drogas. Inspeccionar físicamente el 100 % de la carga sin atacar la corrupción deja el índice en 48. Sumar controles documentales y de integridad al personal portuario y aduanero lo baja a 39, con ventaja estatal hacia el mes 17. Contener las estructuras costaría entre 137.000 y 226.000 millones de pesos en dos años, y recuperar la ventaja estatal, hasta 453.000 millones. Esa cifra es menos del 3 % de lo que la Dian recaudó en Buenaventura en 2025. ¿Está el Estado dispuesto a jugársela por el principal puerto de Colombia?

La propuesta de ley de sometimiento concede rebajas a quienes la justicia nunca ha logrado condenar y promete colonias agrícolas y cárceles productivas, figuras que el Código Penitenciario contempla desde 1993 y que el Estado nunca ha sabido administrar. Para quienes ya pasaron por desmovilizaciones y acuerdos de paz, es un menú conocido.

Por eso, Buenaventura necesita un Estado que deje de medir su éxito en rebajas penales y treguas y empiece a medirlo en rentas ilícitas desmanteladas y poder criminal perdido para siempre. Eso exige primero lo que faltó durante la Paz Total, una inteligencia capaz de anticipar quién se somete, quién lo reemplaza y quién sigue extorsionando y traficando. Sin ella, el ciclo se repetirá. Cambiarán las leyes, los gobiernos y los cabecillas, y el negocio ilícito seguirá rugiendo más fuerte que el tigre.