Sociedad litigiosa

Por el lado positivo: un estado social de derecho; un país con una sobresaliente tradición jurídica; uno de los pocos países que tuvo una constitución que duró más de 106 años; que elaboró una nueva constitución por la vía de un proceso democrático muy amplio y utilizando el consenso como la principal fuente para la construcción de la nueva carta política; un país que exhibe junto con los Estados Unidos una tradición muy respetable de control constitucional, o sea, de una estricta vigilancia del respeto a la constitución, lo cual fue llevado a un nivel muy alto en 1991, la creación de la Corte Constitucional que hoy goza de un merecido prestigio internacional y cuyas decisiones son objeto de estudio en las principales facultades de derecho en el mundo. Y, el único país que ha llegado a un proceso de paz y lo ha acompañado con una jurisdicción especial que tiene por finalidad que los actos criminales cometidos durante el conflicto violento no queden en la más absoluta impunidad. Un ejemplo que se estudia en diversas partes del mundo, que se sigue con especial atención. Y así podría continuar mencionando otras instituciones, mecanismos, procedimientos que nos distinguen ya hacen que Colombia sea mirada como una sociedad en la cual se busca que el derecho se imponga con respecto a cualquier arbitrariedad, por mínima que esta sea, como lo demuestra el caso de la tutela que ha sido una herramienta que, criticada inicialmente, ha sido utilizada por ricos y pobres, poderosos y débiles, como que ella ha venido a representar la herramienta que sirve para hacer efectivos los derechos que de otra manera se considerarían ilusorios. Alguna vez nos enorgullecíamos de ser una potencia moral. Eso debería recordarse y volver a ser un tema de gran satisfacción nacional. Y fuimos como activos defensores del derecho internacional.

El lado negativo dice que somos un país de leguleyos, que todos somos abogados mientras no se demuestre lo contrario, que tenemos un apego excesivo al debate jurídico, que creemos que las normas que tienen un carácter legal constituyen por sí solas la solución a todos los problemas, los más pequeños o los más graves. Se dice que nos movemos en un fetichismo legal.

Dos percepciones tan contradictorias explican o, mejor, ayudan a comprender los predicamentos dentro de los cuales nos movemos. Difícil encontrar otro país en el cual haya más litigios, de todo orden, ante las cortes, ante los tribunales, ante los juzgados de las más diferentes jurisdicciones que, realmente agobian a todo el sistema judicial el cual, por otra parte, y eso es un tema inveterado, carece de las herramientas necesarias para atender semejante alud de reclamos legales. Aunque la administración de justicia se ha digitalizado es mucho lo que queda por hacer para lograr un funcionamiento ágil de todo el sistema.

Todavía está pendiente una acertada reforma de todo el sistema. Ello parece muy improbable. No es que haya dejado de intentarse. Es que, normalmente, no se atienden los aspectos más claves de funcionamiento del sistema. No se toma en consideración la calidad de muchas de las facultades de derecho. Y no se hace el esfuerzo, quizás descomunal, que se debe hacer para asegurar la mejor formación de los jueces y del personal que los ayuda.

Ahora estamos en presencia de una verdadera explosión de casos judiciales de la más alta clasificación, que ponen en tela de juicio las más importantes decisiones gubernamentales, y que derivan en sanciones económicas muy voluminosas que los funcionarios gubernamentales miran con desprecio porque no se trata de su patrimonio personal sino del patrimonio de todos los colombianos que se ve gravemente afectado por los errores que se cometen. Cada día más numerosos. Ya veremos cómo en el caso de las instituciones que tienen que ver con la prestación del servicio de la salud, gubernamentales o privadas, encontraremos pronunciamientos judiciales de gran significación y de enormes costos. Pues sí.

Estamos en un estado social de derecho. Creemos que el Marco jurídico nos protege y que lo arbitrario no tiene cabida entre nosotros.

Cabe preguntarse qué pasa con las oficinas jurídicas del congreso, de los ministerios, de las superintendencias, de otros organismos estatales que, al parecer, no hacen la tarea que les corresponde. Si así fuera, no tendríamos este fenómeno de enorme congestión de cortes, tribunales y juzgados.

Tendríamos una justicia más expedita y por ello más confiable y, por lo tanto, más coherente con la noción del estado social de derecho.