Ruvica

En algún momento, finalizando el año anterior, unieron esfuerzos dos entidades para presentarle a la ciudad una guía o ruta contra la violencia en Cali.

Este producto fue posible gracias al trabajo colaborativo de la organización Objetivo Cero y el Centro de Investigación en Salud y Violencia (Cisalva) de la Universidad del Valle, quienes lograron reunir a varios, tanto exsecretarios de Gobierno como de Seguridad y Convivencia de cuatro administraciones municipales anteriores, para reflexionar sobre las políticas, programas, acciones y estrategias que se han implementado para hacer frente a la violencia y, en particular, para poder compartir con la ciudad, y especialmente con los tomadores de decisión, un enfoque común.

Se trata, sin duda, de un documento sin antecedentes en la ciudad y su importancia resalta de forma extraordinaria, tratándose de los asuntos relacionados con la seguridad pública y, habría que precisar, con los de la convivencia. Llega muy bien esta reflexión en momentos en que para el año 2023 superamos la cifra de más de 1000 homicidios y cuando de entre 100 ciudades analizadas, Cali (junto a Palmira) se encuentra entre las más violentas de todo el mundo.

Del documento destacan muchas consideraciones, comenzando por aquella que plantea que “la seguridad sobrepasa la dimensión de Fuerza Pública y coerción”, reconociendo que en Cali es una problemática que tiene también profundas raíces sociales. La convivencia, se anota, “está relacionada con factores culturales y ausencia de oportunidades económicas”.

Y a propósito del inicio de una nueva administración, que ha decidido dar prioridad al tema de seguridad en consonancia con un mandato ciudadano generalizado, bien vale la pena apropiar la idea de que los “esfuerzos en seguridad deben ser continuos, pensando en el largo plazo y de forma que se disminuyan los riesgos por cuenta de cambios en cada administración”, así como el reclamo porque los recursos para la seguridad sean específicos, suficientes y estén debidamente protegidos de reasignaciones para otros asuntos de la administración pública.

El de la seguridad en Cali es quizás, junto al de la reconciliación y la Visión de Cali 500 años, uno de los más grandes desafíos. Las problemáticas de violencia, criminalidad y falta de convivencia son cada día más complejas y exigen de lecturas e intervenciones aún mismo tiempo más integrales y efectivas. Hay mucho por revisar sobre diseños que no han funcionado (a viejos problemas, soluciones nuevas), pero al mismo tiempo deben ser retomadas buenas prácticas y lecciones aprendidas.

¿Y cómo abocar las relaciones con el gobierno nacional? Como otros asuntos, esta no será una tarea fácil. Se asume que un diseño de política de seguridad y convivencia incorpora la fluida relación con otros niveles del territorio (incluyendo el departamental y el regional) así como el nivel nacional, dado que hay aspectos diferenciales en lo territorial y dado que existen lineamientos de política nacional y de financiación que hay que poder articular. Como bien señala el documento, “la estrategia local se tiene que proponer en el marco de lineamientos nacionales a pesar de posibles diferencias políticas. Es una relación simbiótica y las autoridades de gobierno y fuerza pública de todos los niveles tiene que estar sincronizadas para aumentar recursos e impactos”.

Quizás lo más relevante de todo es el enfoque que logra superar la falsa dicotomía entre modelos ‘duros’, basados exclusivamente en la aplicación de la ley y el uso legítimo de la fuerza, frente a uno realmente integral que reconoce en las desigualdades económicas, sociales y culturales la fuente de buena parte de nuestras violencias.

Un planteamiento de este tipo, llevado correctamente a la práctica, merece todo el apoyo institucional y público.