Retos de la seguridad

La construcción y puesta en marcha de una política de seguridad integral en el 2026 es uno de los más vitales desafíos del próximo gobierno. Comparto algunas ideas.

El nuevo Presidente debe asumir a cabalidad su papel de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y darles su apoyo firme y decidido. Hay que depurar los mandos de cualquier infiltración petrista, darle estabilidad a los nuevos líderes, restablecer la iniciativa estratégica y la actitud ofensiva de las Fuerzas Militares, definir nuevas y más amplias reglas operacionales y garantizar seguridad jurídica a las tropas, reentrenarlas y entregarle los presupuestos que necesitan, recuperar el poder aéreo y helicotransportado y reconstruir la inteligencia, restaurar los mecanismos de cooperación con la ciudadanía, rehacer las fuerzas especiales.

Hay que terminar de plano con las innumerables políticas erradas de Petro que benefician a los mafiosos, enviar el mensaje inequívoco de que al narco se le combatirá sin cuartel, reformular los programas de sustitución de cultivos ilícitos, acudir a la erradicación forzada cuando se incumplan plazos, fortalecer los programas de interdicción, luchar contra el microtráfico, recuperar la extradición y la cooperación judicial internacional, concentrarse en desmantelar las estructuras de lavado de activos.

Sería un gran error apostar solo a la ‘solución’ militar y policial. Se requiere el dominio integral del territorio por parte del Estado, con despliegue institucional permanente, tanto de la acción social del ejecutivo como del aparato judicial.

La definición de una nueva política de seguridad ciudadana es ineludible. Las reglas básicas deben ser exigir el respeto pleno a la autoridad, que los derechos y libertades de quienes respeten la ley estén por encima de los de los bandidos y que haya castigo efectivo para los infractores. Castigar severamente la reincidencia es indispensable. La cooperación y la coordinación de la policía de investigación y la Fiscalía es imprescindible y debe concentrarse en la delincuencia organizada. Hay que revaluar y reducir al mínimo los esquemas de protección. Menos escoltas y más policías en las calles. Las cárceles deben dejar de ser centros y escuelas del delito.

Una política para los jóvenes es urgente. Debe empezar por la restauración de la educación cívica, la formación en el respeto de la ley y de los derechos de los demás y el reconocimiento de los deberes propios. Hay que hacer énfasis en el combate de la drogadicción y el alcoholismo, en evitar la deserción escolar y en la puesta en marcha de programas integrales de arte, cultura y deporte.

Termino sosteniendo que la paz no se hace con impunidad ni rompiendo el principio de igualdad frente a la ley para darle a los bandidos beneficios y privilegios que no tienen quienes no han violado la ley. La democracia y el Estado de derecho se construyen con la estricta aplicación de la ley.