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¿Multiculturalismo o plurinacionalismo?

El modelo multicultural de la Constitución de 1991 partía de una premisa clara: diversidad cultural dentro de una sola nación indivisible.

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Willy Valdivia Granda es director ejecutivo de Orion Integrated Biosciences y especialista en inteligencia artificial aplicada a la defensa, la salud pública y la seguridad nacional.
Willy Valdivia Granda es director ejecutivo de Orion Integrated Biosciences y especialista en inteligencia artificial aplicada a la defensa, la salud pública y la seguridad nacional. | Foto: Willy Valdivia

18 de mar de 2026, 01:32 a. m.

Actualizado el 18 de mar de 2026, 01:32 a. m.

Antes que Perú, Bolivia o Ecuador, Colombia dio en 1991 un paso decisivo con su nueva Constitución: el reconocimiento material de los pueblos indígenas. No fue un gesto simbólico. El Estado incorporó 115 pueblos originarios, protegió cerca de 34 millones de hectáreas —casi el 30 % del territorio nacional— y consagró una jurisdicción especial ejercida por sus autoridades dentro de sus ámbitos propios. Hoy, alrededor de 1,9 millones de personas se autorreconocen como indígenas y sus organizaciones reciben, mediante transferencias directas e indirectas, cerca de dos billones de pesos anuales.

El modelo multicultural de la Constitución de 1991 partía de una premisa clara: diversidad cultural dentro de una sola nación indivisible. Ese equilibrio hoy se tensiona. No porque se cuestione el reconocimiento de la autonomía indígena, sino porque un sector busca desplazar el debate hacia el plurinacionalismo: no múltiples culturas en un mismo Estado, sino múltiples naciones con autogobierno, jurisdicción y control territorial propio. Un giro que desafía la soberanía nacional y abre la puerta a conflictos de competencia de autoridad y territorio.

Desde 2018, organizaciones indígenas colombianas como el Cric, la Onic y Aico han promovido, en articulación con redes internacionales, una agenda plurinacional que trasciende las fronteras estatales y se inscribe en la noción de Abya Yala como proyecto de unidad indígena continental. Encuentros realizados en Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile han contribuido a consolidar espacios orientados a impulsar esta transición y fortalecer vínculos transnacionales. No obstante, este proceso ha suscitado cuestionamientos de distintos sectores políticos y de seguridad, que han advertido intromisiones en su soberanía y orden institucional. Algunos actores han sido señalados por vínculos con el tráfico transfronterizo de armas, la instigación a la rebelión y la participación en episodios de protesta que derivaron en decenas de víctimas mortales.

En octubre de 2025, en Cochabamba, Bolivia, se formalizaron nuevas instancias de articulación indígena internacional: Runasur que ya existía, y el Movimiento Intercontinental Anticolonial (MIA) impulsan una agenda basada en la ‘soberanía y autodeterminación de los pueblos originarios’, la idea de una ‘gran nación’, y la legalización del cultivo de coca. Además, promueven una narrativa de ‘refundación del Estado plurinacional antiimperialista’ donde las instituciones del orden político y económico contemporáneo son señaladas como herencias coloniales que deben ser abolidas.

La visión de MIA–Runasur pretende una confrontación binaria —imperio y oligarquía frente a los pueblos indígenas—. La pregunta es cómo se implementarían esas consignas en Colombia por quienes se adhieren a esa agenda. El riesgo de la ‘descolonización’ no está en su retórica. En una democracia plural, incluso las ideas más radicales deben debatirse. El problema surge cuando esas narrativas se consolidan como verdades y justificaciones operativas en territorios donde el narcotráfico y la minería ilegal financian estructuras armadas, capturan la política local y promueven bloqueos sistemáticos o la expulsión de la fuerza pública bajo el argumento de la autonomía. Esa realidad es particularmente crítica en el suroccidente del país.

La autonomía indígena reconocida por la Constitución es incuestionable, como lo es también la legitimidad de las jurisdicciones especiales. Sin embargo, los ciudadanos deben preguntar si estas ideas tienen cabida en la realidad nacional colombiana y si quienes aspiran a gobernar el país defenderán el modelo constitucional multicultural de 1991 o considerarán que Colombia debe convertirse en un Estado plurinacional.

Estas interrogantes no son ideológicas o políticas, sino institucionales. El plurinacionalismo requiere la disolución y la reconstitución constitucional —un proceso que reharía derechos de propiedad, autoridad judicial, control territorial y legitimidad democrática. No es una reforma. Es un cambio de Estado.

Willy Valdivia Granda es director ejecutivo de Orion Integrated Biosciences y especialista en inteligencia artificial aplicada a la defensa, la salud pública y la seguridad nacional. Con más de 20 años de experiencia, ha colaborado con organismos internacionales, asesorado a la Unión Europea y liderado proyectos en América Latina, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Actualmente, también se desempeña como profesor adjunto en una universidad de Estados Unidos.

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