Máquinas del oro ilícito y de la enfermedad X

La minería ilegal en Colombia es hoy una economía criminal de carácter industrial sostenida por la importación indiscriminada —y sistemáticamente subvaluada— de maquinaria amarilla. Dragas y excavadoras ingresan desde 23 países, principalmente por Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Mediante el contrabando técnico y subvaloración, estos equipos se declaran por apenas 4 a 11 USD/kg, una cifra diez veces menor a su valor real promedio de 37 USD/kg.

Las vulnerabilidades del control aduanero son aprovechadas para importar equipos obsoletos o reacondicionados con certificaciones técnicas falsas o alteradas. Empresas fachada dedicadas formalmente a otras actividades económicas importan retroexcavadoras, balsas mecanizadas, plantas de beneficio y motobombas que cada día arrasan con cerca de 250 hectáreas de bosque. La devastación ambiental que ya afecta a 29 de los 32 departamentos del país empeora por las toneladas de mercurio de contrabando que, pese a su prohibición absoluta, continúa envenenando ríos y comunidades enteras.

Pero el riesgo de la minería ilegal no se limita al daño ambiental ni a la violencia por el control territorial. Miles de personas —muchas de ellas forzadas— trabajan sin vigilancia sanitaria en condiciones infrahumanas en las zonas más biodiversas del planeta. Al alterar ecosistemas intactos, es decir, bosques primarios y suelos vírgenes, la minería ilegal intensifica el contacto entre humanos, microbios y sus vectores naturales: murciélagos, roedores y mosquitos. Ese es el tipo de entorno descrito por la Organización Mundial de la Salud como propicio para la emergencia de la ‘Enfermedad X’: un patógeno aún no identificado con potencial de desencadenar una crisis sanitaria global, una pandemia.

Se estima que cerca del 80 % del oro que Colombia exporta tiene origen ilegal. Para contener ese flagelo, desde 2020 más de 7000 equipos mineros han sido incautados o destruidos en operaciones que, con mayor frecuencia, exponen a la Fuerza Pública a ataques con drones cargados de explosivos por parte de grupos criminales. Aun así, el impacto es limitado. La inutilización de maquinaria no afecta siquiera el 15 % de la actividad ilegal ni altera la lógica financiera del negocio. Para las redes criminales, una retroexcavadora es un activo desechable. Su costo —cercano a los 200 millones de pesos— se recupera entre tres y seis meses. Cuando finalmente es destruida, ya ha generado utilidades suficientes para financiar su reemplazo inmediato y ampliar la capacidad extractiva.

El talón de Aquiles de la minería ilegal no está en la selva ni en la voladura de retroexcavadoras. Su verdadera fragilidad está en las zonas francas, en los puertos de origen y en los muelles de entrada al país. Allí comienza —y puede terminar— gran parte del circuito ilícito. Bastaría una resolución de la Dian, coordinada con las gobernaciones de frontera, para imponer un régimen obligatorio de declaración anticipada en categorías arancelarias críticas. Desde el momento en que la mercancía es cargada en un buque con destino a Colombia —no 48 horas antes de arribar—, cada registro debería presentar de manera obligatoria el número de serie o VIN del chasis y del motor, junto con el historial verificable de fabricación o reacondicionamiento. Integrada en un sistema analítico unificado, en minutos es posible validar el origen, la edad y la trazabilidad real de retroexcavadoras, dragas o motobombas.

La destrucción con dinamita no derrotará a la maquinaria amarilla ni desmantelará la minería ilegal. Esta es una batalla logística y financiera. En los puertos, con inteligencia tecnológica, el Estado, por primera vez, si quiere, puede ganar la guerra contra una actividad ilícita tan importante como el narcotráfico.

@wvaldivia