Los partidos sólidos evitarían el caos electoral

Como señaló Giovanni Sartori, la excesiva fragmentación partidaria puede volver ingobernable a un sistema político, ya que la dispersión del poder dificulta la toma de decisiones. Por el contrario, un número moderado de partidos relativamente fuertes favorece la estabilidad y la calidad democrática. Esta afirmación cobra vigencia en Colombia, dado que el Consejo Nacional Electoral registra 35 partidos y movimientos políticos y ante la Registraduría han llegado 69 comités para inscribir candidatos por firmas a la Presidencia y 36 al Congreso.

Nuestra democracia atraviesa una crisis silenciosa, pero profunda: la debilidad estructural de muchos partidos políticos. En un momento de alta polarización, desinformación y fragmentación electoral, la ausencia de partidos sólidos no solo dificulta la representación ciudadana, sino que abre la puerta al populismo, a la improvisación y al debilitamiento institucional. La proliferación de listas abiertas, la confusión entre los electores, la falta de debates nacionales y el uso estratégico del caos por parte del gobierno actual configuran un escenario alarmante.

Hay desconcierto electoral debido a que las listas abiertas han convertido las elecciones en una competencia individualista, donde cada candidato busca votos sin responder a una plataforma común. Desafortunadamente, no hemos podido asegurar un sistema de partidos estables y el gobierno actual se está beneficiando del caos y está evitando que se den los debates de fondo. Fue un error grave la reciente prohibición de publicar encuestas, que sin lugar a duda ha causado desorientación en los electores. Las listas abiertas han incentivado el clientelismo y la competencia interna desleal. Estas, en lugar de fortalecer partidos, han creado microempresas electorales que fragmentan el voto y dificultan la gobernabilidad. Por lo que es conveniente activar las listas cerradas, donde los partidos presenten un grupo de personas organizado con un propósito común, propuestas colectivas y los electores escojan programas, proyectos y no a personas aisladas. Las abiertas, por el contrario, son terreno fértil para ‘pequeños negocios’ electorales.

Algunos de los partidos son estructuras vacías, concebidas para conseguir personería jurídica y acceder a recursos públicos. Se vuelve necesario fijar requisitos rigurosos para constituir y sustentar los partidos con presencia nacional, democracia interna y responsabilidad de acciones. La recolección de firmas se ha convertido en un atajo para evadir compromisos partidarios, generando dispersión y falta de control. El sistema permite la inscripción de múltiples candidatos sin propuestas claras, respaldados por ciudadanos que firman por más de un candidato, lo que debilita la legitimidad del mecanismo y favorece su manipulación por empresas recolectoras. Es urgente establecer que cada persona solo pueda apoyar con su firma a un único candidato por cargo, evitando así la mercantilización del proceso. Esta flexibilidad, aunque democrática en esencia, ha generado un escenario de dispersión electoral donde múltiples listas compiten sin una clara diferenciación ideológica o programática.

La pedagogía electoral y la educación cívica son indispensables para reducir la desorientación entre los votantes que se ve agravada por la prohibición de encuestas y la saturación de candidatos. Muchos ciudadanos no entienden el sistema electoral ni el papel de los partidos. Por eso es esencial hacer campañas cívicas que enseñen el sistema electoral y la importancia de cada voto. En Uruguay, por ejemplo, la Corte Electoral, hace talleres y distribuye materiales pedagógicos antes de cada elección, y esto ha repercutido positivamente en el nivel de participación informada.

La democracia colombiana necesita recuperar el sentido de los partidos como vehículos de representación, deliberación y organización política. Sin partidos fuertes, el espacio lo ocupan figuras individuales, populistas o movimientos sin estructura, lo que debilita la institucionalidad. Las reformas propuestas buscan devolverle al sistema político su capacidad de ordenar el debate público, canalizar la participación ciudadana y garantizar elecciones transparentes y significativas.