La inteligencia al servicio de la criminalidad

Hoy hace 26 años, se fundó el M19. Petro se ha venido de frente contra la Constitución del 91 que es, quizás, el hecho histórico que reivindica el proceso de paz con el Eme.

Esos procesos, en general, han salido mal. Si lo de Santos fue muy grave, alimentó las disidencias, invitó a reincidir, y fue un incentivo perverso para el narcotráfico, lo de Petro es peor. Las treguas pactadas al inicio de las conversaciones, la exigencia a la Fuerza Pública de que incumpla su mandato constitucional, la renuncia a pedirle a los violentos que dejen de delinquir, las alianzas con los bandidos para ganar elecciones y gobernar, la abdicación en la lucha contra el narcotráfico, entre otras muchas decisiones que han favorecido a los violentos, han traído como consecuencia que hoy haya muchos más violentos en armas, más homicidios, más secuestros, más cocaína, que cuando se firmó el pacto con las Farc.

Con todo, la infiltración y desmonte del sistema nacional de inteligencia es uno de los más atroces efectos de Petro y de la izquierda. La inteligencia es indispensable tanto para la seguridad como para la defensa. Es la información estratégica, táctica y operacional de inteligencia la que permite a militares y policías tanto defenderse de manera eficiente de los ataques de los violentos y prepararse frente a las amenazas internacionales como operar de manera eficaz contra los grupos violentos y las bandas delincuenciales. Sin inteligencia, las Fuerzas están ciegas.

Más grave aún es que el sistema de inteligencia haya sido infiltrado por los criminales. La pregunta de si ha sido solo por dinero, por complicidad o si es resultado de una acción deliberada del gobierno, es legítima, dados los hechos. Los íntimos de Petro controlan los organismos del Estado que manejan información ciudadana sensible: Migración, la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Información y Análisis Financiero y la Dirección Nacional de Inteligencia. En todas esas entidades, Petro nombró sus compadres del M19, sacó los técnicos que llevaban años trabajando y nombró a los suyos (sin preparación y sin experiencia) pero altamente ideologizados y leales. No solo dejaron de hacer sus tareas funcionales, esenciales para combatir la delincuencia y proteger al país y a los ciudadanos, sino que convirtieron las entidades en instrumentos de policía política.

La reincorporación del general Huertas, el nombramiento de Wilmar Mejía, un licenciado en educación física, en la DNI y ahora en la UIAF, a sabiendas de su vinculación con Calarcá, y la defensa que de los dos ha hecho Petro, demuestra el peligroso grado de control institucional que ha alcanzado la criminalidad en este gobierno. Y plantea una necesidad: si el país decide seguir el peligroso rumbo de seguir negociando con bandidos, debe hacer sobre la base de prohibir de manera expresa que los desmovilizados accedan a cargos que, como los del Ministerio de Defensa, inteligencia y los de estas entidades, son vitales para la seguridad y defensa nacionales.