La guerra por venir

En 2015, estimaciones de la inteligencia colombiana advertían que si el control territorial y las economías ilícitas no se desmantelaban, el conflicto no desaparecería: mutaría. Tras derrotar militarmente a la insurgencia de las Farc, pero sin extinguirla por completo, el Estado optó por la paz. Convencido de que salvar vidas justificaba el cierre del conflicto, otorgó concesiones que rozaron la impunidad: la reducción de penas, beneficios jurídicos y la participación política para los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Cuando se firmó el Acuerdo de La Habana en 2016, la tasa de homicidios era de 25,7 por cada 100.000 habitantes: la más baja desde la década de 1970 y aproximadamente la mitad de la registrada una década antes. La cifra parecía anunciar una inflexión histórica. Sin embargo, diez años después, mientras el homicidio a nivel nacional se mantuvo prácticamente estable (+0,5 %), la coerción se intensificó. Entre 2016 y 2025, el secuestro total aumentó un 200 %, el secuestro extorsivo un 291 % y la extorsión un 118 %. Los delitos sexuales aumentaron un 21 % y la violencia intrafamiliar, un 28 %.

Más que una reducción integral de la violencia, en meses, el ‘posconflicto’ reconfiguró sus mecanismos, transformó a sus actores y confirmó las advertencias tempranas. También hizo evidente que en Colombia ya no existe insurgencia ideológica, sino solo una insurgencia criminal instrumentalizando el lenguaje político como recurso táctico.

En 2022, el Estado volvió a ofrecer la paz. La política de ‘Paz Total’ trata con estructuras criminales para las cuales la negociación no es un punto de llegada, sino una fase operativa: tiempo para reordenarse y espacio para consolidar corredores estratégicos. El resultado: entre 2022 y 2025, la insurgencia criminal creció un 45 %, superando con amplitud el número de combatientes registrado en 2016.

Hoy, en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) donde las órdenes de captura quedan suspendidas —incluso con fines de extradición— se reedita la debacle del despeje del Caguán. En nombre de la paz, se otorga control territorial donde la impunidad se instala, la coerción se vuelve rutina y el equilibrio estratégico se inclina a favor de quienes desafían la ley. En estas condiciones, la guerra por venir deja de ser una hipótesis.

La guerra por venir no será la de los noventa. Ojalá lo fuera. Al menos habría enemigos claros y frentes definidos. Lo que viene es más peligroso y difuso: más de 25.000 criminales alzados en armas en zonas rurales, más de 12.000 miembros de pandillas urbanas capaces de transformar sus identidades y ofrecer sus servicios al mejor postor de economías ilícitas transnacionales. No buscarán tomar el poder por una ideología o nacionalidad, sino para infiltrar el Estado. Será una guerra híbrida, donde el reclutamiento de menores y la adopción de tecnologías alguna vez exclusivas del Estado se usarán como armas de aniquilamiento, coerción, manipulación y desinformación.

Las alianzas entre políticos sin escrúpulos y organizaciones criminales profundizarán la coacción al votante, la financiación ilegal y la suplantación electoral. La impunidad se convertirá en una mercancía legitimada en nombre de la paz. La seguridad dejará de ser un bien público garantizado por el Estado y pasará a transarse como un servicio privado, accesible según la capacidad de pago. Ante esta situación, la respuesta institucional ya es insuficiente, desfasada y, en última instancia, ciega y hasta cómplice. Quien cuestiona la alianza político-criminal y los ofrecimientos de paz suele ser descalificado, atacado o asesinado. Cabe entonces preguntarse si esta guerra ya comenzó, porque Colombia ya es el segundo país con mayor presencia de crimen organizado en el mundo.

No sabremos si, sin negociaciones de paz, habría habido más o menos secuestros o extorsión. Lo que sí sabemos es que no los eliminó y que los homicidios tampoco han disminuido por negociar la paz. Corregir ese error no es querer la guerra; es anticipar que cada ciclo exige una respuesta distinta, a veces difícil y dolorosa. Porque la paz puede ser una condición, pero nunca una garantía del porvenir del país.

@wvaldivia