La constitución se respeta

Desde que en marzo de 2024 el presidente Petro rompió su promesa escrita en mármol y propuso por primera vez en su mandato una asamblea constituyente, gran parte de la atención del debate público de nuestro país se ha destinado a la discusión de esa propuesta. A partir de ese momento he escrito casi veinte columnas sobre este asunto tan crítico –con el perdón de los lectores si llego a caer en lo repetitivo– porque creo que es la más peligrosa de todas las iniciativas que impulsa el gobierno nacional.

Los colombianos no podemos olvidar que el camino hacia lo que viven otros países que cayeron en la debacle institucional y en la trampa del populismo autoritario no fue por una ruta que prometía el colapso y el desastre al que llegaron, sino desde discursos adornados de etiquetas como soberanía, el pueblo y la famosa autodeterminación popular. Son muy preocupantes las similitudes entre la narrativa del chavismo en Venezuela, por citar el caso más cercano a Colombia, y el tono cada vez más radical que ha asumido el presidente Petro. Y por más que el gobierno adorne su llamado a la constituyente con promesas de justicia social y banderas del medio ambiente, en el fondo los riesgos son enormes.

Solo hay que pensar en la dimensión de los asuntos que se abordan en una constituyente. Por citar algunos ejemplos, el futuro de la propiedad privada, el sistema de justicia, el modelo de desarrollo económico, la duración de los periodos de gobierno y la reelección, el esquema entre la nación y los territorios, y la subordinación de la fuerza pública a las instituciones civiles son algunos de los muchos temas que podrían redefinirse por completo. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consiguió llegar a acuerdos incluyentes y modernos luego de que nuestro país pasara una de las peores páginas de la historia. Que ahora este gobierno divisivo, además definido por una desconcertante falta de orden y de método, sea el encargado de decidir nuestro futuro constitucional no sería otra cosa que una distopía y un retroceso.

Por encima de todo, el momento que atraviesa el país no hace necesario modificar la constitución, sino aplicarla desde las leyes y la institucionalidad. Ante la intimidación del gobierno con su llamado a cambiarla, debemos recordar que nuestra carta política es la de una república madura y reconciliada. Entregarle la facultad de reescribirla a un gobierno radical y revanchista –y a su oposición desarticulada y con tanta nostalgia por volver al pasado– sería uno de los peores errores de nuestra vida como república, y muy probablemente los valores de la actual constitución podrían ver un serio detrimento. Por fortuna, la propuesta de la constituyente no ha encontrado apoyos valiosos en ningún sector de la política nacional ni de la opinión pública, con la obvia excepción de los más convencidos militantes del petrismo, que están listos para apoyar cualquier disparate que le ocurra a su líder –incluso cuando antes habían prometido no impulsar semejante propuesta–.

La propuesta de la asamblea presentada por el petrismo delega sin votación directa casi una tercera parte de las curules a organizaciones de lo que Petro llama “el pueblo” y que claramente tendrían un sesgo político a su favor. Esta preocupante falta de garantías en su idea de constituyente debe recordarnos que nunca se ha tratado de hacer cumplir la voluntad de las mayorías, sino de imponer las tesis del petrismo por encima de las normas de nuestra república.

@fernandoposada_