Están dejando solo al Valle

En muchos barrios de Cali esta semana la rutina cambió. Madres despiden a sus hijos con más precauciones, personas evitan salir de noche, comerciantes bajan la reja más temprano. No es una percepción aislada. Es una sensación que se ha instalado en la vida cotidiana. Y tiene razones concretas.

Es imposible no pensar en el dolor de las familias que sufrieron los ataques en el norte del Cauca, con más de 20 muertos y decenas de heridos. Los vallunos también volvimos a sentir terror con los explosivos dirigidos contra instalaciones militares en Cali y Palmira, hechos que evidencian mayor capacidad operativa y deshumanización del conflicto —al punto de utilizar un bus escolar en acciones terroristas—. A esto se suman ataques en Jamundí y Tuluá, con quema de vehículos y maquinaria que afectaron infraestructura, movilidad y sectores productivos.

Lo ocurrido no puede leerse como hechos aislados. Es un patrón que recuerda, en su lógica de presión territorial y afectación simultánea, lo vivido hace cinco años durante el estallido social. Pero hoy con un agravante: estructuras criminales que se han visto favorecidas por la mal llamada ‘paz total’ para expandir su control territorial, fortalecer sus economías ilegales y modernizar su capacidad armada.

Las cifras lo confirman: en 2025 el Valle fue el segundo departamento con más atentados terroristas del país, con 36 eventos. Cali ya figura como la ciudad con más ataques a nivel nacional, con 19 atentados.

Aquí muchos empiezan a preguntarse qué están haciendo la Alcaldía y la Gobernación. Pero lo que no siempre se entiende es que el Valle no solo enfrenta su propia violencia: está absorbiendo las presiones criminales de toda la región. Narcotráfico, economías ilegales y disputas territoriales que vienen del Pacífico y del sur del país encuentran aquí un punto de conexión. Un fenómeno estructural que en este gobierno se ha agravado.

En lugar de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, se han debilitado. Hay confusión operativa, restricciones políticas y desmoralización. Los ceses al fuego no han sido acompañados de presencia institucional ni de justicia, mientras los grupos han seguido delinquiendo. La ‘paz total’ terminó siendo una tregua para los criminales y una pesadilla para la población.

El Valle del Cauca no es un territorio cualquiera. Lo que pasa aquí afecta a todo el país. Es reflejo del rezago del litoral Pacífico, donde la inseguridad, la falta de oportunidades y las brechas sociales han convertido la región en terreno fértil para las economías ilegales. Ese abandono se traduce en control criminal que se traslada al Valle en forma de migraciones, presión urbana y jóvenes que terminan siendo utilizados por estructuras ilegales, perpetuando el círculo de violencia que hoy explica buena parte de sus problemas sociales. No es difícil anticipar que muchas de las familias golpeadas por la violencia reciente en el Cauca —jóvenes huérfanos, hogares fracturados— terminarán llegando a ciudades como Cali en busca de un nuevo comienzo.

Pero el Valle también es desarrollo. Es uno de los principales nodos logísticos, industriales y agroindustriales del país. Desde Buenaventura y el Valle se abastece buena parte de los alimentos e insumos que consume Colombia. Cuando el Valle se detiene, el país lo siente. El Valle cumple una función de contención para Colombia: una llave de paso que hoy opera prácticamente sola.

Las alcaldías y la Gobernación han respondido con sus propias herramientas y han aumentado el presupuesto de seguridad. Pero todo se queda corto frente a la magnitud del problema.

Hay que decirlo con claridad: la prevención, la convivencia y la reacción local son responsabilidad territorial. Pero el control del orden público, la inteligencia, la lucha contra estructuras criminales y la recuperación del territorio son responsabilidades del Gobierno Nacional.

Pretender que esta crisis se resuelve desde lo local es desconocer su verdadera dimensión. Los recursos locales no son suficientes.

El Valle necesita un tratamiento diferencial en seguridad, acorde con su riesgo e importancia estratégica: concurrencia real de la Nación en recursos, inteligencia y coordinación; control territorial sostenido, protección de corredores logísticos, atención especial a Buenaventura y mayor capacidad en justicia y resocialización.

El Valle no está pidiendo más. Está exigiendo lo mínimo: que el Estado asuma su responsabilidad.

Porque cuando el Valle queda solo, no es una región la que pierde. Es Colombia.

@edwinhmaldonado