El Suroccidente no da espera

Colombia llega a una nueva etapa política en medio de un escenario que exige decisiones responsables, técnicas y profundamente conectadas con las necesidades de los territorios. El próximo Gobierno recibirá un país con restricciones fiscales evidentes, brechas sociales persistentes y regiones que no pueden seguir esperando a que el desarrollo llegue desde el centro, tarde y fragmentado.

Actualmente contamos con un mecanismo capaz de tender puentes entre la capacidad empresarial y las necesidades más urgentes de los territorios: Obras por Impuestos. Esta herramienta permite que el sector privado transforme parte de sus obligaciones tributarias en proyectos concretos de impacto social y productivo. Bien orientada, puede llevar infraestructura, educación, conectividad, agua potable, salud y desarrollo rural a comunidades que durante años han esperado respuestas efectivas del Estado.

La competitividad ya no puede medirse solo en kilómetros de vía o en metros cúbicos de concreto. Hoy, la verdadera infraestructura es aquella que mejora la vida de las personas, reduce desigualdades y conecta a los territorios con oportunidades reales.

El Suroccidente colombiano conoce bien esta urgencia. En departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño, las necesidades son profundas, pero también lo es la voluntad del sector privado de participar en soluciones. El empresariado regional ha demostrado que, cuando existen reglas claras y proyectos bien estructurados, es posible ejecutar obras con eficiencia, transparencia y sentido social.

Sin embargo, el potencial de Obras por Impuestos sigue limitado por barreras que el país debe resolver con decisión. El presupuesto asignado ha resultado insuficiente para la gran acogida que ha tenido el mecanismo y esperamos que el próximo Gobierno considere aumentarlo. Además, persisten reprocesos, criterios dispersos, demoras técnicas, incertidumbre jurídica y una concentración sectorial que deja por fuera áreas fundamentales como salud, deporte, cultura, conectividad y sostenibilidad operativa. Además, muchos municipios priorizados, especialmente en zonas del Pacífico, aún no logran acceder al mecanismo por falta de capacidades técnicas para formular proyectos viables.

Por eso las Obras por Impuestos necesitan evolucionar. Se requiere una ventanilla única que unifique criterios, reduzca trámites innecesarios y acompañe técnicamente a los territorios. También es fundamental armonizar las modalidades existentes, fortalecer los incentivos para la originación privada, garantizar estabilidad normativa y asegurar un cupo fiscal suficiente que permita ampliar el alcance del mecanismo.

Pero la discusión no puede terminar en la entrega de una obra. Un colegio, un acueducto rural, una vía terciaria o un centro comunitario no pueden quedar abandonados después de la inauguración. La regulación debe permitir incluir componentes de operación y mantenimiento inicial con unos criterios claros sobre la transferencia del bien a los entes gubernamentales, especialmente en municipios con baja capacidad institucional y mayores afectaciones históricas por el conflicto armado.

Nuestro país, Colombia, necesita una visión más audaz de apoyo público-privado. No para sustituir al Estado, sino para fortalecer su capacidad de llegar mejor, más rápido y con mayor impacto a los territorios. La empresa privada, los gremios y las comunidades pueden ser aliados estratégicos de una reactivación económica con profundo acento social.

El Suroccidente tiene proyectos identificados, empresas dispuestas y comunidades que requieren respuestas. El próximo Gobierno tiene la oportunidad de convertir Obras por Impuestos en una verdadera política de desarrollo territorial. Hacerlo no solo sería eficiente: sería justo.