El Gobierno: único responsable

El gobierno de Donald Trump consideró incumplidos los compromisos antidrogas en los últimos 12 meses y decidió descertificar a Colombia, un hecho que no ocurría desde 1997. Washington señaló al gobierno de Petro y sus políticas como el único responsable del fracaso. Estados Unidos tiene razones de peso para llegar a la conclusión de que no hubo un buen desempeño en la lucha contra el narcotráfico, entre otras por los pobres resultados en materia de erradicación.

Colombia es el principal productor de coca a nivel mundial. El último Informe Mundial de Droga de la ONU, confirmó que el país sigue estando en el deshonroso primer lugar en el ranking de narcocultivos y en la producción del alcaloide en todo el mundo.

El crecimiento de los cultivos ilícitos, actualmente alcanzan cifras récord con más de 253.000 hectáreas sembradas y más de 70 por ciento de la cocaína mundial producida en el territorio nacional. Todos estos factores explican el regreso de Colombia a la vergonzosa lista de países que integran Venezuela, Bolivia, Birmania y Afganistán.

En 2023, al menos 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia creciente en los cultivos. Cauca y Nariño fueron los más afectados con ese crecimiento. En el Catatumbo sigue estando el mayor enclave productivo para los narcotraficantes en el país.

Dice la ONU que la coca sembrada y producida está atada a los niveles de violencia de los países. En Colombia, esta realidad se da en los enclaves cocaleros, principalmente en Putumayo, Cauca, Norte de Santander y Nariño, departamentos donde los grupos armados están más posicionados.

En los últimos tres años, Petro empoderó a los narcos, dejó las zonas cocaleras bajo su control y nunca ha mostrado el menor interés en erradicar ni en combatir la producción de coca. Además, suspendió la extradición de peligrosos delincuentes. Toda esta situación es en buena parte consecuencia de la mal llamada ‘paz total’, a cuyo amparo les han entregado legitimidad e impunidad a los narcotraficantes.

Ha sido un error desconocer completamente lo que se venía haciendo por años sin tener una alternativa sólida. El problema de la cocaína requiere una política de Estado bien trazada, con metas claras, indicadores verificables y un trabajo coordinado de las distintas entidades. Mientras el Estado siga improvisando, el narcotráfico continuará arrasando con la naturaleza, las economías lícitas y la legitimidad institucional.

Dado que las cifras de la destrucción de narcocultivos cayeron en un 70 por ciento, los narcotraficantes logran colocar en las calles de Colombia y el mundo mucha más cocaína y, por consiguiente, sus ganancias y su poder de violencia y corrupción son mucho mayores.

Ante esta triste realidad, la lucha contra un enemigo tan poderoso y potencialmente desestabilizador como el narcotráfico no puede basarse en conceptos ideológicos. Lamentablemente, el gobierno mantiene tercamente una estrategia que no ha permitido frenar las siembras ilegales y no logra resultados notorios en la sustitución de cultivos.

Es urgente replantear la batalla contra el narcotráfico. Hacer los ajustes que permitan empezar a disminuir el mar de coca en el que navegan los carteles del país y del extranjero. Lo que está en juego es muy delicado. El país necesita entender que la lucha contra el narcotráfico es una lucha por la democracia y el futuro mismo de Colombia.