El caos de violencia que vivimos

En su más reciente informe, Amnistía Internacional hizo un resumen de las múltiples violaciones de los derechos humanos que se producen en Colombia, como el escalamiento de las hostilidades en el país y sus consecuencias para la población civil, los desplazamientos forzados, los confinamientos, los reclutamientos de menores y los asesinatos selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Estas violaciones persisten pese a las conversaciones de paz y los ceses del fuego.

Ante el tan complejo escenario de orden público que hoy se vive en el país, se necesita dotar al Ejército de los medios mínimos para cumplir bien su tarea. Bajo la administración de Petro, el Ejército se encuentra en una situación crítica, debilitado en términos de tropa y con problemas serios de logística.

A lo anterior hay que agregar la barrida de generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que acabó con la amplia experiencia de militares expertos en enfrentar las amenazas de los grupos armados ilegales que hoy se han fortalecido. En el caso de las Fuerzas Militares, es inocultable que les ha tocado actuar más de forma reactiva y no con iniciativa ofensiva.

Es realmente grave la situación que se vive en el Catatumbo. El cumplimiento del pacto de no agresión entre dos de las principales organizaciones armadas, el Eln y las disidencias del frente 33 de las antiguas Farc, que hacen presencia en una zona que es enclave de varias economías ilegales, ha dejado en evidencia los enormes riesgos de permitir que la tranquilidad de un territorio recaiga sobre pactos entre grupos ilegales, realidad que no es exclusiva del Catatumbo.

Pocos desastres ilustran mejor la improvisación, la ineptitud y el mal gobierno de Petro, como lo que ocurre en el Catatumbo, que es el resultado de su política de paz total en lo que tiene que ver con el Eln. Más que plata, lo que hace falta en ese territorio es el accionar de la Fuerza Pública.

Cuando las fuerzas legítimas del Estado se repliegan y, a nombre de la búsqueda de una supuesta paz total, dejan a los territorios desamparados en manos de organizaciones criminales, lo que ocurre es el vacío de poder y la falta de autoridad. Lo sensato es una decisión firme de recuperar la presencia de la Fuerza Pública en las regiones y que se cumpla con las obligaciones constitucionales del Gobierno de proteger a los ciudadanos.

Lleva este Gobierno casi tres años y todavía haciendo promesas, pero nada ha hecho en concreto, fuera de ser fiel a su tradición de responder a los graves problemas del país con discursos, calumnias, insultos, amenazas, descalificativos en contra del Congreso y generar crisis innecesarias, cuyas consecuencias las terminan pagando, paradójicamente, los más vulnerables. A las promesas mentirosas de Petro se suman sus declaraciones y mensajes que consiguen indignar aún más a la oposición, a los gremios, a los otros poderes públicos y a la mayoría de colombianos.

Los grupos armados organizados que ejercen su ley suplantando al Estado son actores que a diario desafían a un gobierno desarticulado y lejano que, ante su propia impotencia, termina jugando la carta de la conmoción interior. El próximo gobierno la va a tener muy difícil para restablecer la seguridad y el control en los territorios.