Cali y la COP16 en medio de una tragedia regional

El Valle del Cauca y el Cauca son territorios afectados no solo por la violencia, sino por la desidia del gobierno Petro por su mal manejo de la llamada “paz total”. Es sabido que esta zona del país se constituye en un nodo en el que confluyen múltiples fenómenos criminales.

Una zona que empezó a observar el retorno de narcotraficantes extraditados de los Estados Unidos, una proximidad a la criminalidad del puerto de Buenaventura, los crecientes cultivos ilícitos en la zona del Cauca y la conflictividad con la población indígena que ha derivado en múltiples taponamientos de la vía Panamericana y de varias mingas. A esto se le suma, una gran migración de venezolanos en la que algunos de ellos, se han venido quedando en zonas de esos departamentos para participar en el negocio del narcotráfico y ni que decir de los territorios porosos de ilegalidad que conducen al océano Pacífico por el Cauca o Nariño.

Hoy los dos departamentos están rodeados de disidencias de las Farc, como la Dagoberto Ramos, Jaime Martínez, Carlos Patiño, Rafael Aguilera, Urías Rondón, Franco Benavides, Oliver Sinisterra y los Contadores. El Eln con su frente ‘José María Becerra’ y la Nueva Marquetalia hacen de las suyas. Es tal la tensión que en Jamundí a 25 km de Cali hay una guerra por el narcotráfico. Los delincuentes construyeron hasta una vía ilegal aprovechando el retiro de la fuerza pública al inicio de este gobierno. En Tuluá, la disidencia ‘Adán Izquierdo’ hace lo que quiere. Hoy, a diferencia de lo que ocurría antes, hay anarquización y poco orden en esos grupos criminales. Se pelean los barrios y las veredas y cada uno quiere su propio cese al fuego. Acuerdos territoriales de paz al detal.

Para rematar, el puerto de Buenaventura rodeado por dos estructuras criminales denominadas ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’ que controlan la seguridad allí, al igual que la incursión de la ‘Jaime Martínez’. En la frontera del mismo puerto con Chocó, opera el Clan del Golfo.

Este panorama es una realidad. En el gobierno nacional se le ha ayudado poco a la valiente tarea que ha desarrollado la gobernadora Dilian Francisca Toro, que se ha convertido en una especie de jefe de Estado territorial ante el abandono del gobierno central. Ni gerencia, ni trabajo conjunto con las autoridades regionales, ni dinámicas para romper lo que llamé en su momento “los corredores estratégicos de criminalidad”. Todo eso desapareció.

Por lo pronto, Cali se prepara para la Conferencia de Naciones Unidas sobre biodiversidad donde del 21 de octubre al 1 de noviembre habrá 11,000 soldados, 500 miembros de la fuerza aérea, 4000 policías que se sumaran a los 6720 que tiene la policía metropolitana de Cali. En Cali y en esos dos departamentos saben que luego de la COP16 la vida continuará igual con sus 46 muertos por 100,000 habitantes. Si no es así, pregúntenle a los habitantes del Distrito de Agua Blanca lugar donde ocurren el 60% de los crímenes de ciudad.

Sin autoridades locales y sin su compromiso esto sería una tragedia. Por lo pronto, no le queda más al occidente del país que aguantar el chaparrón de estos dos años. Bien dicen por ahí que después del aguacero siempre escampa.