Autonomía y coordinación interinstitucional

A partir de mi propia experiencia como exgobernador del Valle del Cauca, así como a nivel social y político, he considerado oportuno presentar algunas reflexiones sobre el debate público que se ha formado a raíz de la visita de varios alcaldes municipales a los Estados Unidos, a fin de entrevistarse con el Presidente y posiblemente con otras instituciones de dicho país.

En tal sentido, es bueno recordar que los alcaldes, al igual que los gobernadores en Colombia, no son servidores públicos nombrados por el presidente de la República, sino que constitucionalmente son elegidos por voto popular por el constituyente primario, que es el pueblo, para un período de cuatro años y en fechas diferentes a las que se elige el presidente y vicepresidente de la República.

Desafortunadamente, debo anotar que esos mandatos constitucionales muchas veces son olvidados desde la Presidencia de la República o desde las propias alcaldías y gobernaciones, perdiéndose así la visión democrática que siempre debe existir en Colombia: esa autonomía no es sinónimo de autoritarismo, de afinidad partidista o de una política de ordeno y mando, sino todo lo contrario. La autonomía obliga siempre a la coordinación interinstitucional entre los diversos poderes constitucionales del Estado, lo mismo que a una política pública de diálogo social y concertación con los diversos sectores sociales urbanos y rurales de la población, tendiente a mejorar las condiciones de vida de la población y en procura del bien común.

En el caso particular de la situación que se ha creado con la visita de algunos alcaldes a los Estados Unidos para solicitar que Colombia no vaya a ser excluida de los programas de cooperación de ese país contra el narcotráfico como también temas propios de sus municipios, debo anotar que dicha gestión también la pueden hacer unilateralmente voceros de otras instituciones del Estado colombiano, así como de organizaciones políticas, sociales, étnicas, religiosas, académicas, comunicacionales o personas del común nacidas en ambos países, sin que ello ponga en peligro la facultad constitucional de que las relaciones internacionales de Colombia descansan en cabeza de la Presidencia de la República. Tampoco significa desconocer el derecho de muchas instituciones estatales o privadas a tener una política pública de relaciones internacionales, incluyendo temas que pueden ser críticos al propio Estado colombiano, como muchas veces ha sucedido con la situación de los derechos humanos en Colombia.

Sin desconocer todo el proceso histórico de cooperación de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos con los diversos gobiernos colombianos en la lucha contra el delito del narcotráfico, considero que en la agenda de prioridades internacionales del presidente Petro y de la Cancillería de Colombia debería estar todo lo relacionado con la prolongación y fortalecimiento de dicho convenio, cuya fecha de vencimiento parece que será a finales del presente mes de septiembre.

En ese orden de ideas, con todo respeto, considero que el Gobierno Nacional, antes de estar preocupado por la visita de algunos alcaldes, debería estar promoviendo un intenso lobby de diversos sectores estatales, económicos, sociales y políticos de nuestro país ante las diversas instancias del Estado y gobierno de los Estados Unidos, sobre la importancia democrática que tiene para Colombia la renovación de ese convenio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, que en las condiciones particulares de Colombia está muy ligado a la lucha de cero tolerancia con la corrupción y la violencia.

En esa lucha, la coordinación de alcaldes, gobernadores y Gobierno Nacional, así como la coordinación interinstitucional, es fundamental.