Asesinato

Nunca en la historia de Colombia un Gobierno se había empeñado en destruir lo que se ha construido con esfuerzo y que funciona bien pese a sus lunares. Lo ha hecho con engaño y demagogia, sin importar las consecuencias. Quizá el caso más tenebroso es el del sistema de salud que ha cobrado ya cientos de vidas. Una de ellas, la de Kevin Acosta, quien murió porque no se le suministró a tiempo un medicamento para la hemofilia.

El sistema de salud funcionaba bastante bien, al punto de haber sido considerado uno de los mejores a nivel mundial. No significa que no tuviese fallas. Los reclamos daban cuenta de citas a veces demoradas y la atención en zonas remotas solía ser deficiente. A lo anterior se suma el abuso de algunos agentes en la orden y facturación de servicios médicos no siempre necesarios y un plan de beneficios cada día más amplio y costoso.

Desde el inicio del Gobierno, el Presidente lo cuestionó. Llevó al Congreso un proyecto de ley para estatizarlo. La espina dorsal, la eliminación de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, de régimen privado, cabezas del sistema de aseguramiento, y que a su turno contratan los servicios con las Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS. La propuesta consistía en eliminar los intermediarios y que el Estado pagara directamente a las IPS.

Ante el descalabro de la reforma en el Legislativo, decidió imponerla a la brava. Lo hizo con tres acciones: desfinanciando el sistema (demorando los pagos a las EPS para que a su turno se colgaran con las IPS y estas con los proveedores), no reconociendo el costo real por paciente (Unidad de Pago por Capitación) y liquidando e interviniendo las EPS para tomar control del sistema. El efecto dominó no se hizo esperar. El ‘Chu, Chu, Chu’.

La asfixia financiera no demoró en afectar el suministro de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas, cáncer, convulsiones y diabetes, obligando a los usuarios a buscarlos donde sea y, de encontrarlos, pagarlos de su bolsillo. Incluida, la Emicizumab para prevenir sangrados en pacientes cuya sangre no se coagula adecuadamente debido a la deficiencia o ausencia de factores de coagulación, es decir, pacientes con hemofilia.

Pero el impacto de las decisiones del Gobierno en la salud es más dramática de lo que se cree. Muchas IPS guardan silencio sobre los enfermos cuya condición se ha agravado y las muertes que hubiesen podido evitarse para no contrariar al Gobierno. Este, desde la administradora de los recursos, Adres, decide a quién le gira y a quién no. A dedo. Es decir, a quién aprieta; a quién le impide prestar servicios. Quién vive y quién muere.

La deuda del Estado con las EPS y, por consiguiente, con clínicas y hospitales asciende a $32 billones. La cartera con el sector farmacéutico se acerca a $4 billones. Desde 2024, las quejas de los usuarios se han triplicado, superando las 55.000. La crisis ha llevado a los ciudadanos a asumir de su bolsillo $128 billones, 2,5 millones por persona. Indica el Instituto Nacional de Salud, INS, que más de 364.000 muertes se habrían podido evitar.

El turno fue para Kevin. Diagnosticado con hemofilia recién nacido. Mientras el sistema de salud le suministró el medicamento, vivió 7 años. No murió porque se accidentó en bicicleta por culpa de su mamá. Hubiese podido caerse de la cama y golpear o cortar; igual se habría desangrado por no contar con el medicamento porque el Gobierno ha ido estrangulando el sistema de salud. Con dolo e indolencia y hasta ahora, impunidad. En un país donde la vida importa, el Ministro de Salud y el Presidente estarían presos.