Armar el fraude

No le hace bien a la democracia colombiana que el presidente Petro convierta en bandera política un tema tan sensible como el presunto fraude en las elecciones presidenciales. Colombia, con todas sus crisis, violencia y profundas fracturas sociales, ha mantenido una de las tradiciones electorales más estables de América Latina. Las transiciones de poder han ocurrido, en términos generales, dentro de un marco constitucional incluso en medio del conflicto armado.

Una cosa es advertir riesgos, exigir garantías o cuestionar aspectos técnicos del sistema electoral; otra muy distinta es instalar anticipadamente la idea de que, como lo hizo el presidente en una entrevista en España, sólo habrá reconocimiento de los resultados si no existe fraude. Entonces la pregunta es: ¿Fraude, según quién?

El presidente, como comandante en jefe, tiene acceso a información de inteligencia privilegiada. Por lo tanto, si tiene evidencia, que la muestre al país y no a través de noctámbulos mensajes en redes sociales. Pero el peligro de fraude sí existe. Más de 330 municipios presentan riesgo electoral asociado a la violencia y a la presencia de grupos narcoterroristas. De esos municipios, 183 registran simultáneamente violencia y riesgos de fraude electoral: 94 están clasificados en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. En todos estos territorios hay un desbalance de quién puede hacer campaña política.

No se trata de especulaciones ni teorías conspirativas, sino de advertencias y diagnósticos documentados por organismos nacionales e internacionales de observación electoral y derechos humanos. Es decir, 4,5 millones de votantes —cerca del 11 % del censo electoral colombiano— viven en territorios donde la libertad política puede verse condicionada por la violencia y la intimidación. Si eso fuera poco, se estima que más de 2.500 delincuentes ecuatorianos, incluidos integrantes de estructuras como Los Choneros y Los Lobos, han adquirido ilegalmente cédulas de ciudadanía colombiana. Eso debería ser la verdadera preocupación del presidente.

Ante el enfriamiento en las encuestas del candidato del gobierno, la retórica de fraude adquiere una dimensión de supervivencia. El presidente, su familia y su entorno político más cercano no solo están en la lista Clinton, sino que sobre ellos avanzan otras investigaciones nacionales. Pero lo que realmente puede preocuparle al presidente es la señal fuera de Colombia.

Hace dos semanas México fue remecido por una solicitud de detención provisional con fines de extradición, por parte de Estados Unidos, contra nueve altos dirigentes del partido gobernante Morena por presuntos nexos con estructuras del narcotráfico. El caso más delicado involucra al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en su defensa denunciando injerencias externas, la crisis abrió no solo un debate sobre la infiltración del crimen organizado en la política local, sino sus consecuencias internacionales.

Por eso es más delicada la retórica presidencial en Colombia sobre un supuesto fraude electoral. Mientras el candidato del gobierno se enfría en las encuestas, aumentan los cuestionamientos por corrupción. El presidente Petro, su familia y su entorno cercano saben el desenlace de Maduro, y miran con atención el cerco que Estados Unidos empieza a imponer sobre políticos con relaciones con estructuras narcoterroristas. Más que incierto, el futuro del presidente empieza a adquirir una dimensión existencial que depende de quién sea el próximo presidente.

Armar el fraude no solo requiere alterar formularios de votación. Es jugar con emociones colectivas y revivir tensiones históricas alrededor de temas como la reforma agraria, la erradicación forzada, las movilizaciones sociales, la asamblea constituyente, la erradicación de la coca, la minga, los indígenas y la lucha de clases. Es decir, construir el polvorín antes de encender la llama emocional de movilización callejera.