Nuevas protestas en Francia antes de la adopción de la reforma de las pensiones

Francia vive este miércoles una nueva jornada de protestas contra la impopular reforma de las pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, que parece a punto de sacarla adelante pese a las semanas de contestación.

La octava jornada de protestas a llamado de los sindicatos coincide con la reunión entre siete diputados y siete senadores para consensuar un texto único para la reforma, un paso clave de cara a su posible adopción el jueves.

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"Es un día importante para derrotar esta reforma injusta. La movilización de los trabajadores debe interpelar a los diputados. Seamos numerosos en las calles", tuiteó Laurent Berger, líder del sindicato Cfdt.

Dos de cada tres franceses se oponen al plan de Macron de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y de adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42, como ahora) para cobrar una pensión completa.

Pese a la masiva movilización --el 7 de marzo, entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas manifestaron--, el gobierno se mantuvo firme en su plan que busca, a su juicio, evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones.

Además, desde la semana pasada, los sindicatos lanzaron una huelga prorrogable en sectores clave como la energía y el transporte, y cuya imagen más espectacular son las toneladas de basura acumuladas en las calles de París.

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Sin embargo, la movilización perdió fuerza en los últimos días, a medida que el escenario de su adopción se acerca y que los franceses tienen cada vez más claro que esta se aplicará (un 80%, según un sondeo reciente de Elabe).

La policía estima que habrá entre 650.000 y 850.000 manifestantes este miércoles.

Aunque el servicio de trenes y el transporte público de París sigue perturbado, el ministro de Transportes, Clément Beaune, descartó que se viva una "jornada negra". Sólo un 20% de los vuelos se anularon en el aeropuerto de Orly.

En el sector de la energía, más movilizada, hubo nuevas caídas de producción eléctrica y continuó el bloqueo de la expedición de combustible en la mayoría de refinerías. Los cuatro terminales metaneros siguen en huelga.

Las miradas y la presión están puestas en el Parlamento. La adopción de un texto conjunto este miércoles por la comisión mixta de 14 senadores y diputados se da por hecho. El oficialismo y la oposición de derecha favorable al texto son mayoría.

"Cargamos con una responsabilidad: preservar el sistema por reparto", comentó antes del inicio de la reunión el diputado oficialista Philippe Vigier. En Francia, los trabajadores en activo pagan la pensión de los jubilados.

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Sin embargo, la incertidumbre planea sobre si el proyecto de ley resultante recabará la mayoría necesaria el jueves en la Asamblea Nacional (cámara baja). El Senado (cámara alta) debe también dar su visto bueno final ese día.

Algunos diputados de los grupos favorables, como el derechista Aurélien Pradié, anunciaron que por ahora no lo votarán.

Según la senadora socialista, Monique Lubin, el gobierno está cediendo a "casi todas" las demandas de la derecha para lograr el mayor número de apoyos en la cámara baja.

"El gobierno busca más que nunca una mayoría natural que apoye esta reforma urgente y crucial para nuestro país", aseguró el vocero del gobierno, Olivier Véran.

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El ejecutivo espera no tener que activar otro polémico procedimiento parlamentario en la Asamblea para adoptar esta reforma clave para el resto del segundo mandato de Macron que corre hasta 2027.

Conocido como el 49.3, este mecanismo permite al gobierno superar el trámite en la Asamblea sin someter la reforma a votación. La única manera de frenar su adopción es que los diputados presenten y aprueben una moción de censura contra el gobierno.

El politólogo Gilles Finchelstein, de la Fundación Jean Jaurès, considera que activar el 49.3 sería una "derrota" para el gobierno y para el presidente francés, aunque considera que lograrán finalmente la mayoría necesaria.

Los sindicatos ya han empezado a reflexionar sobre los pasos a seguir en caso de adopción de la reforma. Por ahora, piden someterla a una "consulta ciudadana", al estimar que carece de legitimidad democrática por el rechazo popular.