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Más de 200.000 menores en España habrían sufrido abusos sexuales de religiosos católicos
España conocerá este viernes el primer informe sobre abusos sexuales a menores en la Iglesia católica.
Más de 200.000 menores habrían sufrido abusos sexuales por parte de religiosos católicos desde 1940, según un primer gran informe independiente sobre este flagelo divulgado el viernes en España, donde por años las víctimas denunciaron opacidad de la Iglesia católica.
El informe no proporciona una cifra exacta, pero recoge una encuesta realizada a petición de la comisión con una muestra de 8.000 personas, según la cual un 0,6% de la población adulta española (unos 39 millones de personas en total) afirmó haber sufrido abusos sexuales por miembros de la Iglesia católica cuando eran menores.
La cifra aumenta a 1,13% de la población adulta española (más de 400.000 personas) si se tienen en cuenta abusos cometidos por laicos en ámbitos religiosos, especificó en rueda de prensa Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo (ombudsman), quien coordinó la comisión que trabajó por año y medio.
Gabilondo, un ex ministro de Educación socialista, dijo que hay casos desde la década del 1940, pero que el grueso de ellos ocurrieron entre 1970 y 1990.
Además, la comisión de expertos entrevistó a 487 víctimas de abusos sexuales, quienes subrayaron “los problemas emocionales” que les han causado, como por ejemplo estrés postraumático, que sufrió un tercio de ellos, dijo Gabilondo.
“Negación de los abusos”
El primer gran informe sobre los abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia católica, impulsado por el Parlamento, se divulgará este viernes en España, donde por años las víctimas han reclamado reparaciones y acusado de opacidad a la institución religiosa.
A diferencia de lo ocurrido en Francia, Alemania, Irlanda, Estados Unidos o Australia, en España, país de arraigada tradición católica, nunca se habían publicado los resultados de una investigación sobre la pederastia en el clero.
La constitución de la comisión independiente, dirigida por el Defensor del Pueblo (“ombudsman”), fue aprobada en marzo de 2022 por los diputados en el Congreso, quienes dijeron querer “sacar a la luz” las “execrables conductas personales cometidas contra niños y niñas indefensos” en el seno de la Iglesia.
El informe final de la comisión, que se puso como objetivos determinar “responsabilidades”, ofrecer “reparación” a los afectados y prevenir nuevos casos, será entregado al Congreso este viernes a por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
La Iglesia católica, que por años se negó en redondo a cualquier pesquisa exhaustiva, declinó participar en la comisión, aunque posteriormente sí facilitó documentos sobre casos de pederastia recabados por las diócesis.
Auditoría de la Iglesia
A medida que aumentaba sobre ella la presión política, la Iglesia anunció en febrero de 2022 una auditoría sobre los casos y se la encargó a un despacho de abogados, que tiene previsto finalizarla antes de que termine el año.
En junio pasado, la Iglesia, que se defiende diciendo que ha implementado protocolos de actuación ante abusos y ha instalado oficinas “de protección de menores” en las diócesis, reconoció haber tomado testimonio a 927 víctimas.
La una comisión independiente en Francia contabilizó 216.000 menores víctimas desde 1950, en Alemania un estudio halló 3.677 casos entre 1946 y 2014 y en Irlanda más de 14.500 personas recibieron compensación financiera a través de un dispositivo establecido por el gobierno.
“Válvula de escape”
El anuncio de la publicación del informe liderado por el Defensor del Pueblo fue saludado por víctimas y por asociaciones que las representan.
Ese documento “es un reconocimiento público de que las situaciones (los abusos) existen” y servirá para “decir por fin que este no es un tema oculto, no es un tema vergonzante”, dijo José Alfonso Ruiz de Arcaute, quien denunció agresiones sexuales de un fraile en una parroquia de Vitoria, País Vasco (norte), en 1982, cuando tenía 13 años.
“Significa una válvula de escape para las víctimas, porque hemos estado durante décadas totalmente ninguneados y minimizados y este informe debe servir de espoleta para que los poderes públicos hagan su trabajo” de reparar a los afectados, “ya que la Iglesia no lo ha hecho”, señaló Juan Cuatrecasas.
Cuatrecasas es miembro fundador de la asociación Infancia Robada y padre de un joven abusado por un profesor en un colegio católico entre 2008 y 2010 en la ciudad vasca de Bilbao.
Infancia Robada colaboró estrechamente con la investigación, que “ha sido un proceso limpio, transparente” en el que se dio “un trato muy empático” a los entrevistados, dijo Cuatrecasas, quien espera que el reporte recoja peticiones que hicieron las víctimas, como poner a su disposición terapias gratuitas de por vida.
Otras víctimas se mostraron más cautas, como Francisco Javier Méndez, quien, al igual que Ruiz de Arcaute, ofreció a la investigación su testimonio sobre los abusos que sufrió siendo menor junto a su hermano gemelo, ya fallecido, por parte de un sacerdote en un seminario en León (noroeste) entre 1988 y 1989.
Si el informe no va seguido de la aprobación de una ley en el Congreso para atender a las víctimas, “no sirve para nada”, dijo, porque “todo el dolor que infligieron” no se arregla solo “con palabras”.
*Con información de AFP.
