Exclusivo. Bandas criminales en Ecuador tienen las llaves de las celdas y no quieren entregarlas

Atrapado geográficamente entre Colombia y Perú, dos países permeados por el poder del narcotráfico y las organizaciones criminales, era difícil que Ecuador saliera avante del influjo de estos fenómenos violentos en la sociedad y la política, aseguran analistas.

Era cuestión de tiempo o de la toma de decisiones políticas erradas para que el crimen internacional volteara a mirar hacia un país que ofrece grandes ventajas como el hecho de estar dolarizado, con salida privilegiada hacia el Pacífico y con regiones estratégicas para la delincuencia que permanecen abandonadas por el Estado, sobre todo en la frontera con Colombia.

Eso explica gran parte de lo ocurrido en la última semana, de acuerdo con el general Luis Altamirano Junqueira, excomandante del Ejército de Ecuador, quien asegura que los hechos recientes no son asuntos ajenos, sino la intensificación de una situación poco atendida y con algunos elementos que generan mayor atractivo a la criminalidad como son la dolarización en los años 2000 y que generó un atractivo adicional para el lavado de dinero.

“Esto empieza a consolidarse más con la finalización del conflicto armado en Colombia, cuando las organizaciones criminales o las Bacrim modificaron su accionar y se movieron hacia las fronteras con Venezuela y Ecuador. Parte de los miembros de las Farc que no se acogieron, que fueron a engrosar estructuras delictivas del narcotráfico y luego a dirigir el negocio”, explicó el general (r) Altamirano Junqueira.

Pero no es solo el arrinconamiento de estructuras como disidencias y el Clan del Golfo en esa región fronteriza con Ecuador trabajando en alianza con bandas criminales de ese país para el tráfico de drogas, es también la llegada de cientos de venezolanos a fortalecer estas estructuras, señalaron los analistas, y la presencia de los carteles mexicanos controlando el narcotráfico desde los primeros eslabones de la cadena de producción y transporte.

Sumando a esos elementos la debilidad institucional y el abandono estatal de provincias muy pobres como Esmeraldas, en la frontera con Nariño, o Sucumbíos, en la frontera con Putumayo, el territorio ecuatoriano se fuera constituyendo, explica el catedrático Diego Luis Sánchez, “ya no solo como un país de tránsito de armas, sino de precursores químicos, de almacenamiento y de puerto de distribución de drogas hacia el mundo”.

Sin embargo, señala, la pandemia fue determinante para que estas estructuras delincuenciales coparan y se consolidaran en los territorios de su interés porque fueron las bandas criminales las que entregaron las ayudas humanitarias y las raciones de alimentos a las familias más afectadas.

“Esa situación fue generando una presencia de carácter parasitario, con influencia política y económica que fue permeando sectores públicos y privados, y no solo para lavar dinero, sino para debilitar el Estado”, agregó el general Altamirano Junqueira.

Prueba de esa debilidad estatal, aseguran los expertos, es que en Ecuador hay una gran debilidad o inoperancia del sistema judicial y solo se logra el esclarecimiento o las condenas por actos delictivos en el 11% de los casos, lo que termina incentivando el delito ante una justicia coptada por el crimen.

Son en total 22 estructuras delincuenciales las que se encuentran vinculadas con el tráfico de drogas en Ecuador y sobre las cuales el presidente de ese país, Daniel Noboa, decidió desplegar el poder del Estado.

“La penetración del narcotráfico y las bandas criminales a todo nivel en los órganos estatales ecuatorianos ha sido absolutamente nociva”, agregó en diálogo con El País el viceministro de Gobierno de Ecuador, Esteban Torres.

Noboa y la Operación Fénix

En el marco de esa nueva estrategia por recuperar el control del Estado sobre el sistema penitenciario y combatir con las extorsiones desde las cárceles, el recién elegido presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desplegó la llamada ‘Operación Fénix’, cuya prioridad, tras remover las cúpulas militares y policiales, fue trasladar a los cabecillas a cárceles de mayor seguridad y anunció la construcción de dos penales similares al que hizo el presidente de Salvador, Nayib Bukele, en zonas alejadas.

“Son cárceles para tener una segmentación, un aislamiento adecuado de las personas”, dijo el presidente Noboa al anunciar el proyecto. “Son igualitas a las que se hicieron en El Salvador porque es la misma compañía, el mismo diseño. Para todos los Bukele lovers es una cárcel igualita”.

Anunció también que la primera piedra de estas construcciones se colocaría el pasado 11 de enero y que serían ubicadas en la amazónica provincia de Pastaza y en la costera zona de Santa Elena, en el Pacífico sur.

“Estas provincias son las zonas de menos influencia de los grupos narcoterroristas. El peor lugar para poner una cárcel es al lado de donde viven los delincuentes”, agregó Noboa.

El mandatario ecuatoriano, quien se posesionó en el cargo el pasado 23 de noviembre, advirtió que su plan es separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias que desde febrero de 2021 dejan 460 presos muertos.

Esteban Torres, viceministro de Gobierno de Ecuador, le explicó a El País que la situación actual es simple de entender. “Los gobiernos anteriores de Lenín Moreno y Guillermo Lasso no tomaron ninguna decisión de trascendencia para resolver el problema de inseguridad generada por las bandas del narcotráfico y la extorsión desde las cárceles. Por eso oíamos cada rato de crisis carcelarias, masacres dentro de los penales y de otros líos en Ecuador en los que no hicieron nada por complicidad o por temor”.

“Lo que pasa hoy es que el presidente Noboa no tiene rabo de paja, es joven y tiene el respaldo de los ecuatorianos; por eso tomó la decisión, aunque lamentablemente sea sangrienta, de resolver un problema que Ecuador ya no puede seguir tolerando y posponiendo. El Estado no ha tenido el control de las cárceles y los guías penitenciarios no tienen las llaves de las celdas. Son las pandillas y los presos los que ejercían control”, dice el Viceministro de Gobierno de Ecuador.

Pero como ha ocurrido en los últimos años, la misma guardia penitenciaria filtró la información sobre las nuevas medidas de Noboa para recuperar el control de las cárceles y, con llave en mano, abrieron su celda y se fugaron los dos cabecillas de las principales y más temidas bandas criminales que operan en Ecuador.

Tras conocerse de la fuga de alias Fito, explica el viceministro Torres, “el presidente Noboa declara el Estado de Guerra Interna para de una vez resolver con Policía y Fuerzas Militares no solo la situación carcelaria sino para sentar las bases de la recuperación definitiva del orden público en Ecuador”.

Permisividad con el crimen

El problema de la corrupción enquistada en el sistema carcelario de Ecuador, coinciden algunos analistas, se da tras la eliminación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos por una pela política entre el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente y sucesor en el mandato Lenín Moreno, que termina el sistema siendo controlado por varias organizaciones criminales y no existía una política de manejo de cárceles.

“Se empieza de nuevo a utilizar modelos jerárquicos: por riesgo y amenaza de fugas; por violencia, edad y naturaleza del crimen y por filiaciones a bandas delictivas. Eso llevó al control de pabellones enteros por parte de esas bandas, al punto que para los criminales era más seguro estar presos que siendo buscados en las calles, y desde la cárcel dirigen todo el crimen organizado”, explica en diálogo con El País el excomandante del Ejército, general Luis Altamirano Junqueira.

Pero en el fondo ha sido la permisividad con el crimen y con las bandas delincuenciales lo que llevó a que el estado ecuatoriano quedara a merced de la criminalidad, que hoy se resiste mediante actos terroristas a perder el terreno que con los gobiernos anteriores han ganado.

Porque no es solo que varios de estos grupos tienen ya conexiones con el crimen internacional, sino que se han gestado unas ramificaciones de nuevas bandas de todos los niveles y tamaños que se han dedicado al tráfico de drogas o que se han puesto al servicio de los carteles de la droga y que alternan a nivel local, regional o nacional esta actividad con la extorsión, el secuestro y el sicariato, entre otras economías de carácter ilegal. Llegando, incluso, a permear y enquistarse en grandes organizaciones como Petroecuador, las empresas públicas y el sector eléctrico, entre muchos otros.

De ahí la reacción de las principales bandas criminales, Los Choneros, Los Lobos y los Tiguerones ante la decisión del nuevo Gobierno de recuperar para el Estado el poder en sectores cruciales para la seguridad y la lucha contra el crimen como son las cárceles.

Primero fue la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal organización criminal del país conocida como Los Choneros, que estaba recluido en una cárcel de Guayaquil.

El ascenso de ‘Fito’ a la cabeza de la banda criminal, integrada pro más de 8.000 personas, se dio por las sucesivas muertes de sus antecesores.

Asumió el mando de la organización en 2020, tras los fallecimientos de sus amigos Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y Junior Roldán, JR, quien fue asesinado en Colombia, en mayo del 2023 en el municipio de Envigado, Antioquia, y sepultado en el cementerio central de ese municipio, de donde desapareció luego su cadáver. Su cuerpo fue hallado más tarde en el municipio de Fredonia.

Luego las bandas criminales respondieron a la decisión del Gobierno de Noboa asaltando un estudio de televisión y tomaron como rehenes a varios policías y guardias de prisiones en una ola de ataques que dejó al menos a 15 uniformados muertos.

Además de declarar como objetivos militares a organizaciones criminales como Los Choneros, el gobierno actual de Ecuador se comprometió también con fortalecer la seguridad en puertos, desde donde el control de los grupos delincuenciales ha sido aprovechado para el tráfico de drogas, y con disponer mayor pie de fuerza para controlar las fronteras con los Colombia y Perú, considerados como los mayores productores mundiales de cocaína.

“Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas”, aseguró el pasado miércoles el presidente Daniel Noboa, previo a la declaración del país en un “conflicto armado interno”. “Este gobierno está tomando las acciones necesarias que en los últimos años ningún gobierno quiso tomar. Y para eso se requieren huevos grandes de avestruz, no huevos de cartón”.