Análisis: La caída del hombre no es la caída del régimen

Por: Álvaro Benedetti, consultor internacional

Más que un hecho policial o militar de alcance extraordinario, la captura de Nicolás Maduro es un episodio cargado de simbolismo histórico. Ocurre un 3 de enero, la misma fecha en la que, en 1990, fue capturado en Panamá Manuel Noriega, otro gobernante que había reducido el Estado a una maquinaria personalista, sostenida por coerción, opacidad y redes ilícitas.

A pocas horas de haber ocurrido, en Venezuela se interrumpe de manera abrupta y externa el liderazgo de un régimen que durante años confundió estabilidad con inmovilidad y soberanía con secuestro institucional, vació de contenido democrático al Estado y redujo la política a una administración del miedo, la renta y la lealtad forzada.

Conviene advertir que la remoción del dictador no equivale, por sí sola, al desmantelamiento del régimen. En sistemas personalistas y militarizados, el poder real no reside únicamente en la presidencia, sino en una coalición coercitiva donde confluyen la cúpula política y de seguridad, con figuras como Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o Delcy Rodríguez. La captura de Maduro puede abrir una grieta, pero también activar reflejos de autopreservación entre quienes más tienen que perder si el sistema se derrumba.

Por eso, el desenlace dependerá menos del paradero del expresidente que de la cohesión de la cadena de mando, los servicios de inteligencia y el alto mando militar. Si ese núcleo permanece unido, es probable una sucesión controlada y negociaciones para preservar garantías. Si se fractura, el país entra en un terreno mucho más peligroso, de fragmentación del poder y violencia política. En ambos casos, aflora una crisis de legitimidad largamente incubada, elecciones sin competencia, represión sistemática y una economía convertida en botín, que deja un Estado debilitado y una sociedad exhausta y dispersa.

A este escenario se sumó una reacción que ya no sorprende, la del gobierno colombiano, que respondió con una condena inmediata y casi automática, centrada, como ha sido constante bajo la presidencia de Gustavo Petro, en la violación de la soberanía venezolana, sin aportar contexto alguno sobre el carácter autoritario del régimen ni sobre los enormes costos que ese mismo régimen ha impuesto durante años a Colombia.

Más que una lectura estratégica del interés nacional, prevalecieron reflejos ideológicos y afinidades discursivas, ignorando que ningún país ha padecido tanto como Colombia las consecuencias del colapso venezolano en forma de migración masiva, economías criminales transfronterizas y grupos armados operando desde un Estado fallido. Con ello, Bogotá reduce su capacidad de incidir en el escenario posterior, renuncia a liderar una salida regional pragmática y se sitúa, voluntaria o no, del lado de un statu quo que ya había demostrado ser insostenible.

En el plano geopolítico, la intervención directa de Estados Unidos introduce un precedente particularmente delicado para el orden internacional. No solo refuerza narrativas de violación de soberanía y reactiva reflejos antiimperialistas, sino que se vuelve aún más compleja tras el anuncio de Donald Trump de que Washington permanecerá en Venezuela hasta que se produzca una “transición correcta”. Esa definición ambigua desplaza la operación del terreno excepcional al de la tutela política abierta.

A ello se suma que la decisión habría sido tomada sin una consulta previa y explícita al Congreso estadounidense, tensionando los equilibrios internos de su propio sistema democrático y debilitando la legitimidad institucional de la intervención. Paradójicamente, una acción que puede acelerar el fin del madurismo también puede dificultar la validación del escenario posterior, dentro y fuera del país, si no se traduce en un proceso creíble, multilateral y jurídicamente sostenible.

En el frente económico, ya se activan expectativas sobre petróleo, sanciones e inversión, pero el desafío real no es reabrir pozos ni firmar contratos, sino redefinir el modelo. Una transición que se limite a reactivar el rentismo corre el riesgo de reproducir los incentivos que alimentaron corrupción y autoritarismo, mientras que una liberalización sin instituciones sólidas ni redes de protección social puede detonar nuevas crisis. La reconstrucción exige menos gestos espectaculares y más arquitectura institucional, reglas claras, Estado de derecho, acuerdos políticos amplios y una justicia transicional que equilibre responsabilidad y estabilidad.

En los próximos días, las señales decisivas vendrán de Caracas. Quién habla en nombre del poder, quién controla las calles, qué ocurre con las comunicaciones y qué tono adopta el aparato coercitivo. Ahí se definirá si la captura de Maduro marca realmente el inicio del fin de una etapa oscura o si termina siendo apenas otro episodio en la larga historia de un país atrapado entre la promesa de cambio y la persistencia de sus viejos fantasmas.