Secuestros en el Valle, ¿cómo están operando los delincuentes?

En solo dos días, el departamento del Valle del Cauca se estremeció ante la noticia de dos secuestros perpetrados en su territorio.

La primera de ellas se conoció el pasado 13 de marzo, cuando el Gaula de la Policía Metropolitana de Cali rescató con vida al empresario Israel García, secuestrado por la Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc, en el municipio de El Cerrito, pero cuya liberación se produjo en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca.

Infortunadamente, no corrieron la misma suerte el ganadero Orlando Campo y su hija Fanny Campo, quienes fueron asesinados por la disidencia Adán Izquierdo, en zona rural del municipio de Guacarí, donde permanecieron más de cien días retenidos, y cuya investigación está en manos del CTI del Gaula Militar.

Si bien el secuestro presenta una disminución en la región, donde según cifras del Gaula de la Policía Valle en lo corrido del 2025 se han registrado tres casos, todos en Buenaventura, en el 2024 fueron ocho los casos con diez víctimas, seis hombres y cuatro mujeres, por lo que este delito sigue siendo preocupante.

En los 37 municipios que comprende la jurisdicción del Gaula Valle: desde Palmira hasta Cartago, incluyendo Buenaventura, el delito del secuestro es protagonizado por actores como las disidencias de las Farc: la Adán Izquierdo, la Dagoberto Ramos y el Frente 57, pero también grupos de delincuencia común organizada como La Inmaculada en Tuluá, Los Flacos en el norte del Valle y los Shottas y Espartanos en Buenaventura.

“En el contexto del departamento tenemos conocimiento de que hay presencia de estructuras tanto en la Cordillera Central como hacia el Litoral Pacífico. En la primera tenemos el Frente 57, la Adán Izquierdo y la Dagoberto Ramos; en Buenaventura y el Naya, actúa la Jaime Martínez, y en el Bajo Calima, están el ELN y el Clan del Golfo, así como en los municipios de Trujillo y Bolívar”, indicó la fuente.

En Buenaventura, agregó, después de tres años sin secuestros, este año se han presentado tres casos, por delincuencia común como Shottas y Espartanos, quienes restringen la libertad de las personas, en ocasiones para constreñirlas y obligarlas a hacer o dejar de hacer ciertas actividades, algunas de ellas de tipo administrativo”.

Además de las retenciones de tipo económico y cobros por ajustes de cuentas, también existen otras modalidades como el falso servicio, que más que un secuestro se configura como extorsión, la cual está afectando a todo el departamento, incluido Cali. Este año, según el Gaula Valle, van doce denuncias.

En Cali

Entre tanto, el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, confirmó una disminución en este delito en Cali y su área de influencia del 39 % en el 2024 cuando se presentaron 14 casos con 17 víctimas, frente al 2023 que registró 23 casos.

Señaló que el principal dinamizador en la zona en temas de secuestro y extorsión es la Jaime Martínez, con injerencia en el municipio de Jamundí.

Por eso, este año, estos dos delitos han sido priorizados dentro de la estrategia de seguridad de las autoridades.

Con el grupo de prevención y a través de campañas como ‘Yo no pago, yo denuncio’, la Policía hace un llamado a denunciar a la Línea nacional 165.

Recordó que gracias a las acciones que vienen adelantando en sectores priorizados como Santa Elena, Meléndez, San Nicolás y el oriente de Cali, lograron recuperar, en solo 19 horas, a un bebé de dos meses de nacido secuestrado en Marroquín I.

Este año van dos casos, los mismos que el año pasado a esta fecha, por eso, insiste en la necesidad de que las personas tomen las respectivas precauciones no den información a desconocidos y no publiquen información en redes sociales que puedan comprometer su seguridad y la de su familia.

Ecosistema criminal

Willy Valdivia, director de investigación de la empresa de seguridad nacional, OIB, sostuvo que “la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado forman parte de un ecosistema criminal altamente interconectado, donde la violencia y el sicariato operan como mecanismos de control y a financiamiento”.

En el Valle, añadió, si bien las autoridades hablan de una reducción del 80 % en el delito del secuestro, esta aparente disminución no representa una erradicación del delito, sino una transformación dentro de los ciclos de criminalidad.

“La dinámica de las economías ilícitas obliga a los grupos armados a diversificar sus fuentes de financiamiento, desplazándose de un delito a otro según las condiciones del entorno”, precisó.

“Cuando los secuestros se vuelven insostenibles por presión del Estado, las organizaciones recurren a formas más rentables y de menor riesgo, como la extorsión digital, el cobro de “vacunas” a comerciantes o la explotación de redes carcelarias”, anotó.

El secuestro y la extorsión del Valle del Cauca están marcados por la presencia de estructuras criminales con capacidades militares y logísticas avanzadas. Entre ellas, destacan las disidencias de las FARC, como el frente Carlos Patiño, con fuerte presencia en Jamundí, y el frente Adán Izquierdo, con operaciones en Tuluá, Buga, Sevilla y municipios aledaños.

A esto se suma la expansión del ELN, consolidando corredores estratégicos en el departamento, y el Clan del Golfo, que ha empleado tácticas de guerra urbana y rural, combinando intimidación, asesinatos selectivos y cooptación de actores locales, agregó Valdivia.

Asimismo, indicó el experto, existen varios grupos criminales como Los Shottas y los Espartanos, que están expandiendo sus actividades de Buenaventura hacia Cali e incluso a Chile.

Las tácticas de financiamiento han evolucionado, incorporando diversas modalidades de secuestro y extorsión.

Destacan: Falso servicio: Contacto con profesionales bajo pretextos legítimos para posteriormente secuestrarlos.

• Extorsión sistemática: Cobros a comerciantes, transportistas y empresarios bajo amenazas de represalias.

• Extorsión carcelaria: Redes de reclusos operando desde centros penitenciarios con acceso a datos personales de sus víctimas.

• Extorsión sexual: Coacción contra mujeres y menores a través de amenazas de difusión de imágenes íntimas o violencia física.

Para Valdivia, si bien las operaciones de interdicción financiera y desmantelamiento de redes de lavado de activos son esenciales para debilitar a estas estructuras, “el mayor desafío sigue siendo la impunidad. La corrupción dentro del sistema judicial y penitenciario, así como la falta de un marco de inteligencia criminal integrado, permite la regeneración constante de estos grupos”.

Como resultado, las disputas territoriales siguen afectando tanto zonas urbanas como rurales, donde la presencia estatal es insuficiente. La lucha contra estas redes no puede depender exclusivamente de capturas.

Es imprescindible un enfoque integral que incluya capacidad judicial efectiva, estrategias de disuasión, fortalecimiento institucional y medidas de recuperación económica en comunidades afectadas, enfatizó.

Entre tanto, Iván Carvajal, experto en inteligencia estratégica, plantea una teoría sobre las principales fuentes de financiación de los grupos al margen de la ley en la región: “La renta criminal está en un mayor porcentaje en el narcotráfico, la minería ilegal, el oro ilegal y el contrabando”.

No obstante, si bien “la extorsión y el secuestro, los usan para lucrarse, también buscan a través de estos, generar terror y garantizar control territorial, esa es mi teoría”.