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ANTIOQUIA

Protestas en Buriticá, Antioquia, estarían siendo financiadas por el Clan del Golfo

El secretario de Gobierno de esta localidad, Luis Fernando Cano, aseguró que “hay versiones que indican que a las personas que están asentadas en estos bloqueos les pagan a 100.000 pesos el día y que allí estarían participando algunos extranjeros”.

19 de agosto de 2022 Por: Colprensa
Esta recompensa de $20 millones supera considerablemente la información que había obtenido recientemente la Dijín de la Policía, que determinó que el ofrecimiento era de aproximadamente $5 millones. | Foto: Cortesía El Colombiano

Las protestas de Buriticá se estarían prolongando por el pago de dinero a los manifestantes por parte del Clan del Golfo. Según informes de inteligencia, el grupo delincuencial estaría dando $100.000 pesos a cada manifestante por día para que se extiendan los bloqueos en cuatro puntos de este municipio, los cuales ya cumplen siete días.

El secretario de Gobierno de esta localidad, Luis Fernando Cano, aseguró que “hay versiones que indican que a las personas que están asentadas en estos bloqueos les pagan a 100.000 pesos el día y que allí estarían participando algunos extranjeros”.

Los grupos de inteligencia de la Policía y el Ejército, según el alcalde de este municipio, Luis Hernando Graciano, se encuentran investigando esta versión, en medio de un complejo proceso para tratar de levantar las protestas, que han tenido como principales puntos la entrada a Buriticá y las afueras de las instalaciones de la minera Zijin Continental Gold.

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Estas protestas comenzaron desde el viernes de la semana pasada luego de que se conociera que dentro de uno de los socavones informales que funciona en los predios de la minera transnacional, en la vereda Higabra, le habría sido lanzado lodo y piedras a los trabajadores que allí se encontraban. En el hecho, según los manifestantes, dos hombres quedaron atrapados.

¿Qué se pelea en Buriticá?

Más allá de la denuncia del lanzamiento del lodo a los trabajadores del socavón informal, en este municipio hay una puja por la riqueza aurífera en los predios donde opera la empresa minera internacional desde hace dos años, luego de obtener el título minero por parte de la Agencia Nacional Minera (ANM), ya que se dice que allí hay una gran veta de oro.

“Este territorio ha sido permeado por la informalidad con socavones que han hecho artesanalmente y que interceptan los túneles de la Continental. La empresa explota el título de manera legal y por la cantidad de oro hay interés de estos ilegales que trabajan de manera no autorizada”, manifestó el secretario Cano.

Hay entidades que están trabajando por formalizar a los mineros que no están vinculados a las empresas de la zona. Libardo Álvarez, presidente de la Corporación de Dirigentes del Occidente Antioqueño, explicó que en los túneles informales en terrenos de esta multinacional hay mineros ancestrales que vienen buscando la legalización de su actividad. “Estamos buscando que esta empresa formalice a estos mineros ancestrales y haya una distribución equitativa de la riqueza”, señaló.

Incluso dijo que ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de proteger a los mineros ancestrales con un proyecto de ley, la iniciativa debería ser implementada en Buriticá como prueba piloto para encontrar una solución a estas manifestaciones, en las cuales se dice que ya son pocos los mineros que estarían participando, al menos de los que iniciaron los bloqueos el viernes de la semana pasada.

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El secretario de Gobierno afirmó que “las personas que inicialmente se asentaron sobre las vías, muchas ya no permanecen. Se nota que hay gente ajena al municipio, que no son conocidos”.

Desabastecimiento en tres sectores

Desde ese momento, para el casco urbano de Buriticá se ha hecho un cierre con aperturas parciales con el objetivo de permitir el ingreso, principalmente de vehículos con transporte de alimentos y los automotores de los organismos de socorro.

Pero en la zona aledaña a la minera el bloqueo ha sido total y esta situación ha provocado desabastecimiento en las veredas Higabra y Mogotes, afectando a 390 personas. También los 400 habitantes del corregimiento El Naranjo, uno de los cinco que pertenecen a este municipio, se han visto afectados por la protesta.

Ante la situación en estas tres zonas y luego de varias negociaciones, se habilitó para la mañana de este jueves un corredor humanitario para permitir el ingreso de camiones con alimentos y otros insumos de primera necesidad, ya que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal aseguraron que ya era notoria la escasez.

“Se logró llegar a un acuerdo con los manifestantes y como les hemos estado cumpliendo todos los compromisos adquiridos, se permitió hacer esta caravana humanitaria”, aseguró el alcalde Graciano.

Entraron a la mina, pero nada de los cuerpos

Las labores para intentar dar con el paradero de Víctor Enrique Peña Álvarez y Jesús Arturo González Contreras, ambos de 29 años, no paran, pese a las múltiples complicaciones que han denunciado desde Salvamento Minero y la Gobernación de Antioquia. Este miércoles lograron entrar hasta el socavón, algo que no habían podido hacer en días pasado.

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El secretario Regional y Sectorial (Seres) de Seguridad Humana y Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Suárez, explicó que si bien pudieron entrar varios metros en la mina informal donde denuncian que lanzaron el lodo y las piedras, se encontraron con algunos mineros que estarían realizando la búsqueda pero no tuvieron rastro de las personas que estarían desaparecidas.

El alcalde Graciano señaló que los encargados de la búsqueda llegaron a niveles donde el espacio es muy amplio y luego entraron a unos túneles muy angostos y precarios: “Caminaron varios metros y se encontraron con mineros que trabajando y quienes dijeron estar en el rescate de los desaparecidos. Se habla de más de 50 mineros, por lo que no caben más personas en este lugar. Salvamento Minero dijo que si estaban trabajando, ellos los tenían que dejar”.

La búsqueda continuará este jueves con la esperanza de tener mayores indicios del sitio donde se encontrarían Víctor Enrique y Jesús Arturo, en un trabajo que es realizado conjuntamente por Salvamento Minero, Dagran, Defensoría del Pueblo y el personero de la localidad, Julio Hernán Guzmán.

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