Procuraduría pide que Álvaro Uribe sea absuelto en el juicio en su contra; estas son las razones

En los alegatos de conclusión del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, tanto la Fiscalía como la bancada de las supuestas víctimas han pedido que el exmandatario sea condenado por esos tres delitos.

Pero en el turno de la Procuraduría y tal como se esperaba, pidió al Juzgado 44 Penal de Bogotá que el jefe del Estado colombiano entre 2002 y 2010 sea absuelto. En otras palabras, que sea declarado inocente.

Así lo confirmó el procurador delegado del caso, Bladimir Cuadro, quien en su intervención ha venido afirmando que no existen las suficientes pruebas que comprueben que el máximo líder del Centro Democrático haya participado de los hechos que se le acusa.

Uno de los argumentos que trajo a la discusión el funcionario del Ministerio Público fue que testimonios clave que se han rendido a lo largo del juicio, como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, carecen de peso para concluir que haya una condena penal.

“Nos encontramos ante una probabilidad que supera lo que la doctrina ha llamado probabilidad lógica prevaleciente, por lo que existiría una imposibilidad de emitir sentencia condenatoria”, explicó la Procuraduría.

Y es que Cuadro afirmó que el testimonio que dio Monsalve antes de febrero del 2018, cuando el caso contra el expresidente Uribe lo manejaba la Corte Suprema de Justicia, genera incertidumbre porque no es pertinente con los criterios para que se determine una declaración ratificada.

Asimismo, se desvirtúa una de las tesis centrales del caso, la cual es que Monsalve pertenecía al Bloque Metro del extinto grupo paramilitar AUC.

“Se reitera que —hasta el momento— Juan Guillermo Monsalve no ha sido condenado por pertenecer a ningún grupo paramilitar. Observa el Ministerio Público que solo fue después de haber sido condenado en 2009 a una pena extremadamente larga, que Juan Guillermo Monsalve acudió a los mecanismos establecidos en la Ley 975 de 2005, conocida como la Ley de justicia y paz, con el propósito de tener una rebaja considerable en su pena”, destacó.

Por lo tanto, para la Procuraduría el apoderado del abogado Miguel Ángel del Río no es un paramilitar porque su condena es por dos delitos comunes.

“El Ministerio Público quiere resaltar cómo la falta de coherencia entre la comunicación fáctica y jurídica, en los hechos planteados en la acusación, si bien no tienen incidencia las garantías procesales, como se concluye, sí la tuvieron en los aspectos probatorios producidos en este juicio. Pues no es casual la exigencia a que los hechos jurídicamente relevantes sean claros, no solo para regular el contenido de la imputación y de la acusación, sino que define y limita el derrotero probatorio”, enfatizó el procurador delegado.

En cuanto a las actuaciones de Álvaro Uribe por las que es acusado, el Ministerio Público considera que la demanda que en su momento puso contra el senador Iván Cepeda fue para establecer si este último tenía el interés de buscar presos que incriminaran al exjefe de Estado en medio de sus visitas a distintas cárceles del país.

Además, el procurador Bladimir Cuadro ratificó que tanto Álvaro Uribe como su antiguo abogado Diego Cadena, quien también está en juicio por estos hechos, nunca hicieron alguna intervención durante el traslado de cárcel de la exfiscal Hilda Niño Farfán.

“Lo cierto es que las pruebas demostrativas de cada uno de estos hechos no reflejan una intervención previa de Álvaro Uribe para inducir a las conductas antijurídicas que se le reprochan. Por esa razón, reiteramos que el Ministerio Público observa que del análisis de cada uno de estos eventos se representa una dificultad probatoria que permita llegar al conocimiento más allá de toda duda razonable”, alertó la entidad dirigida por el procurador general, Gregorio Eljach.

Así las cosas, tras las intervenciones de la Fiscalía, presuntas víctimas y Procuraduría, se espera que la defensa del acusado concluya esta etapa de alegatos de conclusión durante la próxima semana. Posteriormente, la jueza Sandra Liliana Heredia tomará la decisión de este caso judicial en primera instancia.