Prisión domiciliaria, fuera de control: 821 presos se han fugado este año bajo esa medida

La medida de detención domiciliaria nació como un beneficio que se le otorga a las personas presentadas ante la justicia, ya sea porque las garantías procesales indican que esa persona no es un peligro para la sociedad, o que su proceso no es tan complejo como para que tenga que ir a la cárcel.

Pero, por la situación carcelaria del país, la medida de casa por cárcel o de detención domiciliaria, se convirtió en una herramienta de descongestión; es decir, ya no es un beneficio sino una medida que, literalmente, se utiliza para que las cárceles no colapsen.

Así lo aseguró Alberto Sánchez Galeano, investigador en temas de seguridad y defensa, quien advirtió: “En consecuencia, se incrementan todos los riesgos y todas las necesidades de la vigilancia de esa medida, como tener suficiente personal para garantizar que las personas que están en esa detención, estén cumpliendo”.

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De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a septiembre de este año se habían presentado 1149 fugas, de las cuales, al menos 821 tenían prisión domiciliaria; solo 8 se escaparon de un centro carcelario, mientras 97 aprovecharon algún permiso de salida de 72 horas que se otorga por buena conducta para evadirse.

Adicionalmente, 222 presos que contaban con brazalete de vigilancia electrónica también lograron burlar este control y huir.
El problema, según analistas consultados, es que no hay capacidades del Inpec, ni de Policía, para la vigilancia efectiva, porque, incluso, el país tiene un problema gravísimo de notificación. “Hoy los Juzgados de Ejecución de Penas no tienen suficiente empleados o funcionarios para notificar, ahora imagínese, gente para cuidar a los detenidos”, dijo Sánchez Galeano.

Con el agravante de que no solo hay que controlar a los que cometen un delito, sino volver a controlar a las personas que ya tienen capturadas, lo que se convierte en un círculo insostenible para todas las partes involucradas: Policía, fiscales y jueces.

El coronel Juan Carlos Navia, director regional occidente del Inpec, anotó que es imposible para el Estado un control día a día, 24 / 7 sobre esas personas. “Es inalcanzable”, reiteró. Pero, afirmó, lo que se está demostrando es que el Inpec está haciendo ingentes esfuerzos para poder controlar, en lo posible y dentro de sus capacidades logísticas, a los privados de la libertad.

Asimismo, insistió en que no hay un déficit en el número de brazaletes, si bien reconoció que faltan muchos, y aunque dijo que no es competencia del Inpec su compra, se está haciendo lo posible para gestionar y tratar de ampliar la adquisición de estos dispositivos que sirven para ejercer controles a las personas con casa por cárcel.

Uno de los inconvenientes para el uso de los brazaletes serían los altos costos.

Por su parte, Óscar Robayo, presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, señaló que como funcionarios del Inpec no “contamos con los medios suficientes para la custodia y vigilancia de estas personas privadas de la libertad”.

Agregó que los dispositivos electrónicos son una buena medida, pero la corrupción y negligencia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, ha permitido que bajo diferentes uniones temporales se ejecute la contratación, casi a los mismos empresarios, de la vigilancia electrónica. “Esta corrupción genera que los dispositivos no cuenten con los mecanismos tecnológicos de última generación”, indicó.
Y añadió: “En este momento son 5000 dispositivos que no sirven en su mayoría porque ahí están las estadísticas, y cada uno vale $23.500 al día por persona privada de la libertad. Son contratos millonarios que no se están ejecutando porque no son efectivos”.

El dragoneante Elkin Cárdenas, manifestó que el tema es de aplicación. Por un lado, que los jueces de ejecución de penas se familiaricen más con la medida y sean más conscientes de a quién le están otorgando el beneficio, porque el problema es que no tienen en cuenta muchas situaciones como el arraigo familiar y antecedentes del individuo, por eso, hay muchas personas reincidentes en delitos como hurto y estupefacientes gozando de este beneficio.

Además, está el tema de los recursos técnicos que le dan a Inpec. “Equipos que no funcionan, obsoletos, y el personal del Inpec no alcanza ni para las cárceles, ahora un solo funcionario pasando revista a más de 300 personas es algo absurdo”, enfatizó.

Según precisó, la medida como se viene aplicando en los últimos años, obedece solo a quitar una parte del problema: el hacinamiento de las cárceles, pero no hace parte de una política pública seria en el tema del tratamiento penitenciario.

Para Jainer Enrique García, docente del área penal de la Universidad Santiago de Cali, Usaca, la medida de detención domiciliaria o la prisión domiciliaria, no es que sean ineficaces, sino que tienen problemas es en el cumplimiento por parte de las personas que vigilan.

“Hay que estar constatando que la persona está en el domicilio, pero el Inpec que tiene la custodia o la Policía, no se presentan porque tienen muchas personas a cargo, esa es la dificultad. Lo que hacen son visitas esporádicas o llamadas telefónicas para verificar que estén allí, pero eso no constata nada, por eso se vuelve ineficaz”, manifestó.

Otro aspecto son los actos de corrupción que afectan la imposición de la detención domiciliaria. “Han aparecido casos donde jueces otorgan este beneficio cuando normativamente no se permite”, aseguró García.

De otro lado, el exministro de justicia, Yesid Reyes, director del Departamento de Derecho Penal, de la Universidad Externado, opinó que lo que muestra esta gran cantidad de personas que están evadiendo la detención domiciliaria es que hay una falla en la aplicación de la norma: o los fiscales o jueces no están teniendo en cuenta el material probatorio para tomar la decisión o están siendo engañados en cuanto a ese material probatorio.

Para Sánchez Galeano es urgente un plan serio de descongestión carcelaria porque el problema no es solo los que están libres, sino los presos que ya no deberían estar en centros carcelarios, un programa de priorización judicial y más cupos carcelarios. “El Gobierno tiene una propuesta interesante en materia de principio de oportunidad y justicia restaurativa para mitigar la presión por el número de detenidos”.

Robayo, por su parte, propuso invertir en tecnología de punta y fusionar el Inpec con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, además de una ampliación de la planta de funcionarios del Inpec y medios para poder vigilar a las personas privadas de la libertad. Coincidió con Sánchez Galeano en que se requieren unas políticas penales restaurativas.

El exministro Reyes se mostró partidario de implementar herramientas técnicas para mejorar los juicios de pronóstico como se hace en muchos países de Europa y Estados Unidos. “Colombia tuvo un piloto hace algunos años, la Fiscalía General implementó la herramienta Prisma que permitía diagnósticos mucho más certeros”.