Preocupante: Cali, la ciudad con más menores asesinados durante el 2022

Cali es la ciudad del país más violenta contra los menores de edad. Entre enero y agosto de este año fueron asesinados 51 niños, niñas y jóvenes en la capital del Valle, una cifra muy superior a la de Bogotá, con 21 homicidios; Quibdó, con 16; Barranquilla, con 14 y Medellín, con 11 casos.

Este alarmante indicador lo revela el Instituto de Medicina Legal en su Boletín Estadístico de Infancia y Adolescencia, donde se reporta el aumento en los homicidios de menores de edad en todo el país este año, pues van 426 homicidios, mientras en el mismo periodo de 2021 hubo 380.

La mayoría de las víctimas se ubican entre los 12 y 17 años; 380 de ellos han sido asesinados hasta agosto de este año.

Cali está a seis casos de alcanzar la cifra de menores de 18 años asesinados durante todo el 2021, año que cerró con 57 homicidios y que fue el de menos casos de menores víctimas de este delito en los últimos 29 años (1993 – 2021), según el informe de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Cali.

Durante los últimos cuatro años, los asesinatos a menores de edad se han comportado así: 96 homicidios en 2018; 93 en 2019; 70 en 2020 y 57 en 2021.

El reflejo de esa violencia contra los menores se ha registrado hasta en las redes sociales, como el reciente homicidio de una joven de 14 años en el barrio Lourdes, de la Comuna 18, quien, al parecer, fue asesinada por su pareja de 15 años. Ese crimen ocurrió el 8 de octubre de este año, cuando los vecinos alertaron a las autoridades de una fuerte discusión entre la pareja al interior de la residencia. Sin embargo, cuando la Policía llegó, la menor ya había sido asesinada.

Otro caso fue el de Elizabeth Alejandra Rojas, de 17 años, quien fue asesinada junto a Karen Gisel Candelo, en el barrio Brisas de Mayo de la Comuna 20, durante el mes de agosto. Los responsables del crimen fueron capturados en operativos adelantados por la Sijín y el CTI.

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Para María Isabel Gutiérrez, investigadora y exdirectora del Instituto Cisalva de la Universidad del Valle, la razón por la que Cali presenta las cifras más altas en homicidios a menores de edad, es porque no ha habido una consistente y sostenible política de intervención social.

“Las cosas no se hacen desde las iniciativas de algunos, se hacen integrando las fuerzas de ciudad”, precisó Gutiérrez, y expresó que se deben dejar los protagonismos y los intereses económicos para combatir estas problemáticas sociales y por eso se debe trabajar con la gente en los territorios, brindando un verdadero servicio de gestión social.

Para la concejala Alexandra Hernández, de Cambio Radical, la violencia contra los menores está ligada a problemas relacionados con el expendio de drogas. “La herencia que nos ha dejado el narcotráfico y el menudeo ha generado líneas invisibles en los territorios que desatan guerras en los barrios. Además, el hecho de que en Cali más del 50 % de los hogares están constituidos por una madre soltera que tiene que dejar a sus hijos muchas veces solos, también trae problemas”.

El gestor de juventudes de Cali, Jhon Jairo Caicedo, pone la lupa sobre quiénes son las víctimas, indicando que la mayoría de los jóvenes residían en barrios de estratos 1, 2 y 3.

“Los factores que llevan a que los jóvenes sean blanco de la violencia homicida, son la vulnerabilidad y la falta de garantías para vivir con condiciones dignas en los territorios. Hay una necesidad de trabajo y a la vez una ausencia de valores en los hogares”, indicó Caicedo.
¿Y las respuestas?

Para este joven consejero, existen múltiples respuestas para prevenir que los menores de edad de Cali sigan siendo blanco de la muerte, pero “depende de cada contexto y sector, no podemos atender con las mismas respuestas a todos, ya que es diferente vivir en el oriente a vivir en la ladera, u otros barrios. Se necesitan garantías a la inserción laboral pues los jóvenes que no están capacitados, son reclutados por bandas delincuenciales”.

Fernando Salazar, subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, explicó que la región debe pensar en seguir progresando en el cambio cultural de competencias ciudadanas y, por consiguiente, trabajar en un proyecto ético de sociedad para entender que las sociedades cambian en el marco de la solidaridad.

Tanto Salazar como la investigadora María Isabel Gutiérrez coinciden en que se debe comprender que ningún problema es de un caleño en particular sino de toda una sociedad. Gutiérrez también considera que la ruta para acabar con esta problemática es la unión de Gobierno y sociedad, mediante la creación de más oportunidades para una juventud golpeada por los diferentes factores que vive esta zona del país. Entre las respuestas estatales están la Política Pública de Primera Infancia y Adolescencia, bajo el Acuerdo 392 de 2015, con lo que se busca brindar garantías para el cumplimiento de los derechos de la población anteriormente mencionada de la ciudad. Sin embargo, los reclamos por acceso al trabajo, educación y bienestar siguen estando en la mesa de peticiones de los jóvenes caleños.