La extorsión, el mal que afecta a los comerciantes de Calima - El Darién, no es un problema nuevo

La difícil situación de orden público que vive el municipio de Calima - El Darién, en el Valle del Cauca, por cuenta de los constantes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc con el Clan del Golfo y el ELN, alerta a las autoridades y a los pobladores, puesto que además estarían siendo víctimas de extorsiones.

El acto más reciente de inseguridad se presentó el lunes festivo, cuando integrantes de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc publicaron un video en el que se les solicitaba a los comerciantes asistir a una reunión, cuya hora y fecha sería revelada a través de WhatsApp, e informaban que no ir haría que los propietarios de los negocios fueran “declarados objetivo militar”.

Por este motivo, la comandante del Departamento de Policía Valle, coronel Sandra Liliana Rodríguez, aseguró que “en conjunto con el Ejército Nacional, se ha dispuesto del Gaula Militar y el Gaula de Policía, con el fin de dar la asesoría pertinente a los comerciantes de Calima - El Darién y sus alrededores”.

Además, se inició una burbuja institucional para la verificación de los hechos en materia de inteligencia y la judicialización correspondiente, con el fin de dar con los autores de las exigencias extorsivas que afectan la tranquilidad de los habitantes del municipio.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Guillermo Londoño, afirmó que se activaron de forma inmediata las capacidades de la Gobernación y la Fuerza Pública del departamento.

“Hemos realizado una mesa técnica con los comerciantes para poder recepcionar las denuncias y poder identificar de dónde proviene este video”, precisó Londoño.

De la misma manera, se realizó un consejo de seguridad en Calima - El Darién para reducir la extorsión y otros delitos de alto impacto en la zona.

Un problema que no es nuevo

Calima - El Darién está ubicado en una zona estratégica, ya que es un paso obligado para llegar a Buenaventura desde diferentes puntos del Valle. Asimismo, tiene en su territorio al Lago Calima, un atractivo turístico de gran importancia en la región.

Además, es fronterizo con el departamento del Chocó, por lo que grupos armados ilegales se disputan el control de economías ilegales como el narcotráfico y la explotación minera.

Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, le indicó a El País que, ante la multiplicidad de actores armados, cuando se presentan hostilidades, la población civil puede quedar en el fuego cruzado, como el pasado 18 de junio, cuando personas sin identificar lanzaron un artefacto explosivo artesanal contra el CAI El Muro.

Aunque afortunadamente no hubo lesionados, los enfrentamientos que se han presentado en la zona rural desde finales de mayo violan los Derechos Humanos de las personas que habitan en estas áreas.

“No hay ningún tipo de filtro en el accionar criminal con respecto a la población civil. Tampoco existe preocupación por no afectarlos. Todo lo contrario, el deseo desenfrenado y el frenesí de proteger su renta criminal los hace cometer todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos”, indicó Carvajal.

Una de las mayores preocupaciones es la afectación de los menores de edad, quienes están en riesgo de reclutamiento a manos de los integrantes de grupos al margen de la ley. Por ello, “la Policía Nacional tiene la estrategia País, que está en el marco de la protección de los niños, niñas y adolescentes”, dijo la Comandante del Departamento de Policía Valle.

A través de este plan, los uniformados buscan evitar el reclutamiento forzado por parte de los criminales, “donde hacen promesas para inducirlos a formar parte de estos grupos, pero son instrumentalizados para que cometan actos delictivos”, afirmó la coronel Rodríguez, haciendo referencia a los ofrecimientos de dinero o de mejor calidad de vida que las estructuras delictivas realizan a los niños y jóvenes para que accedan a formar parte de sus filas.

Por su parte, Carvajal aseguró que cuando se presentan alteraciones al orden público que ponen en peligro la vida de estudiantes y docentes, se suelen suspender las clases, lo que, además de afectar el derecho a la educación, limita las posibilidades de que los menores más vulnerables reciban alimentación por parte del PAE.

Ante este panorama, el consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica detalló que las autoridades deben seguir fortaleciendo su presencia, especialmente en la zona rural y en las carreteras, para proteger a los pobladores y a los turistas que desean disfrutar de los días festivos en este territorio.

Sobre este tema, el Secretario de Seguridad puntualizó que en el municipio estarán “todas las capacidades de la Fuerza Pública acompañándolos para que disfruten de unas vacaciones tranquilas y seguras”.