Fiscalía investiga posibles ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional por parte del Gobierno de Gustavo Petro

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, acudió a la Sala Plena de la Corte Constitucional el miércoles pasado por una convocatoria extraordinaria citada por los magistrados, y salió del recinto con una grave denuncia y una investigación en sus manos que puede representar un nuevo golpe a la transparencia del Gobierno de Gustavo Petro.

Los magistrados del alto tribunal denunciaron una persecución por parte de los organismos de inteligencia del Gobierno, lo que incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes, según le contaron a Semana fuentes de ese despacho.

Todo quedó consignado en una carta que el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal, en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció la persecución contra él y su esposa.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia”, revela el documento al que se tuvo acceso.

Asimismo, los encargados del seguimiento “con fines de perfilamiento” a su esposa serían, al parecer, funcionarios del área de monitoreo y analítica de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República.

Pero las denuncias de Ibáñez no se quedaron en su persona: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...) Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Aunque Semana se dio a la tarea de contactar al magistrado Ibáñez, este fue claro en asegurar que no se pronunciará al respecto ya que “se supone que se trata de una investigación reservada que está en manos de la Fiscalía”.

Todo esto ocurre luego de que el presidente Gustavo Petro desmintiera el pasado 4 de junio que en su Gobierno se realizaban seguimientos a magistrados y otras personalidades de la rama judicial, así como de la política y la oposición, entre otros. “Somos demócratas y no vigilamos a nadie”, aseguró el Jefe de Estado, en una declaración que hoy queda en entredicho.

Por otro lado, varios magistrados de altos tribunales como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, e incluso desde la JEP, han manifestado sentirse “inseguros y presionados” por el Gobierno, lo que abre un manto de duda sobre el radio de alcance de las supuestas persecuciones. Un general activo de la República le contó al citado medio que las interceptaciones sí se han hecho.

De hecho, dijo que la Presidencia ha convertido a la Casa de Nariño como el centro de las operaciones de inteligencia, y relacionó en el tema al hoy director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, y al jefe de Tecnología y Sistemas de Información en la casa presidencial, René Guarín.

Incluso se puso en duda si ese grupo de inteligencia estaría compuesto por algunos agentes de la Fiscalía, que podrían estar utilizando tecnología de punta para perseguir e interceptar no solo a los magistrados de las cortes, sino también a los principales opositores y periodistas que ponen a tambalear al Gobierno del Presidente de manera constante.