Judicial
Familia del menor que le disparó a Miguel Uribe entró al programa de protección de testigos; tendrán estos derechos
Los familiares del menor serán reubicados y hasta tendrían que cambiar de nombres.

11 de jun de 2025, 12:19 a. m.
Actualizado el 11 de jun de 2025, 12:19 a. m.
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Durante una la rueda de prensa sobre los avances de la investigación para determinar los móviles y autores intelectuales detrás del atentado sicarial contra Miguel Uribe Turbay, la fiscal general Luz Adriana Camargo entregó detalles de cómo procederán para garantizar la seguridad del menor capturado, ya con imputación de cargos, y sus familiares.
La Fiscalía confirmó que la familia del menor, que atentó contra la vida del precandidato uribista, entrará al programa de protección de testigos, con lo que tendrán acceso a protección especial de la Policía, así mismo el menor, a quien se le imputaron cargos por intento de homicidio y porte ilegal de armas, también se le brindará protección en su lugar de reclusión.
La fiscal Camargo explicó que “tenemos un primer avance, que tiene que ver con la inclusión de su familia en el programa de protección de testigos e intervinientes, en las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, pero aparte de eso, también es la protección que brinda la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que va a estar orientada a garantizar la seguridad del menor, en compañía de nuestro Cuerpo Técnico de Investigaciones”.
También se conoció que el adolescente imputado, quien no aceptó los cargos, ya tiene una medida de internamiento preventivo, impuesta por un juez, pero que no será realizada en un centro de reclusión para menores, sino dentro del búnker de la Fiscalía, en una celda que adecuarán para su condición de menor de edad.
Al respecto, Camargo indicó que “nosotros hemos hablado con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se solicitó que asumiéramos la custodia del menor, contra quien se va a solicitar una medida de internación, que se conoce puntualmente como internamiento preventivo”.
“Nosotros sabemos razonablemente que el menor en un centro de atención especializado no garantiza la seguridad que requiere, tiene que ser custodiado de manera muy puntual y muy concreta. Por lo mismo, lo que hemos coordinado es que esté aquí en el búnker”, agregó.

Asimismo, detalló que “estamos disponiendo de un lugar que no es una celda. Este menor no estaría con población privada de la libertad adulta, pues esto está prohibido. Estaría ubicado en un sitio que está acondicionando el Cuerpo Técnico de Investigaciones, con la debida seguridad, con la posibilidad permanente del ICBF que desarrollará un programa de restauración de derechos y educativo”.
Según informó la Revista Semana, dentro del programa de protección de testigos, la familia del menor podría verse obligada a cambiar de residencia o una reubicación, y mientras se adelanta todo el proceso judicial, al parecer, les brindarían una fuente de sostenimiento y, teniendo en cuenta el peligro al que estarán expuestos, incluso podrían cambiar sus identidades.
Algo similar ha ocurrido antes con familiares de narcos, familiares de víctimas del conflicto, y familias de políticos envueltos en grandes delitos, a quienes se busca proteger para que aporten información crucial para determinar la verdad.