Demandan decreto que suspendió operaciones militares contra disidencias; Consejo de Estado decidirá

El exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el Decreto 448 de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro.

La norma ordenó la suspensión de las operaciones miliares y ofensivas contra de los integrantes del autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, ‘comandante Gentil Duarte’, ‘comandante Suárez Briceño’ y frente ‘Raúl Reyes Farc-Ep’.

Según Ruiz, el decreto vulnera de forma directa y manifiesta varios artículos de la Constitución Política, así como tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Frente a esto, él declaró que la medida representa “una amenaza directa a la seguridad nacional” y constituye “un acto regresivo en materia de derechos fundamentales”, ya que “renuncia de manera injustificada al deber del Estado de proteger la vida, la seguridad y los derechos de los colombianos”.

En el documento radicado el 12 de mayo de 2025, el demandante sostiene que la suspensión decretada por el Gobierno Nacional carece de garantías verificables, zonas de concentración o mecanismos eficaces de protección a la población civil.

“El presidente no puede decretar la retirada del Estado en regiones tomadas por el crimen organizado. Eso no es construir paz, es ceder el control del país a quienes lo han desangrado durante décadas“, declaró.

Entre las pretensiones, le solicita al alto tribunal que se declare la nulidad del decreto y se adopten medidas para garantizar el restablecimiento del orden jurídico, el control territorial legítimo del Estado y la protección de derechos fundamentales en regiones afectadas por el conflicto como el Catatumbo, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

Ruiz también pidió que se decrete la suspensión provisional del Decreto 448, argumentando que el acto está limitando la acción del Estado frente a un grupo armado que, según el demandante, sigue activo y operando con violencia, como lo evidenciaría la emboscada en Guaviare del 3 de mayo, en la que murieron siete militares.

Además, el exministro fue enfático al afirmar que el Estado “no puede gobernar con los brazos cruzados mientras los violentos avanzan”, ya que resaltó que dicha acción no conlleva la anhelada paz, sino que genera un retroceso institucional. “Es el abandono del deber constitucional de proteger a la gente, especialmente a quienes más han sufrido por la guerra”, se lee en el oficio.

Ruiz reafirmó en que el “Gobierno debe rectificar su rumbo, restablecer el control del territorio, y garantizar que la paz no se construya a costa de los derechos, (...). Colombia no puede ser gobernada con decretos que desprotegen a su gente y empoderan a quienes siguen delinquiendo”.

El Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda y si accede a la solicitud de suspensión provisional del decreto mientras se resuelve el fondo del caso.