Corte Constitucional ordenó investigar 15 pólizas pagadas de manera irregular

La Corte Constitucional compulsó copias a la Fiscalía y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investiguen presuntas irregularidades en la adjudicación de tutelas que reconocieron prestaciones económicas para reclamar pólizas.

Según expresó el alto tribunal, entre 2002 y 2018, quince ciudadanos contrataron pólizas con Seguros Bolívar S.A., que les indemnizaba en caso de sufrir lesiones o enfermedades si sufrían enfermedades que les ocasionarán incapacidad total y permanentes.

Posterior a la suscripción de las pólizas, los asegurados fueron a reclamar sus pagos luego de ser diagnosticados con diversas patologías, por lo que reclamaron el pago correspondiente. Sin embargo, Seguros Bolívar se negó a reconocer la indemnización, al considerar que asegurados no acreditaron el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago.

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Se logró determinar que un juez de Hatonuevo (La Guajira), concedió múltiples acciones de tutela presentadas por los asegurados con el objeto de acceder al reconocimiento del pago de la indemnización.

Igualmente, se identificó que, en segunda instancia, las decisiones fueron confirmadas, en su mayoría, por un juez de San Juan del Cesar.

Tras la revisión de los casos por la Sala Quinta, integrada por las magistradas Paola Andrea Meneses Mosquera (ponente) y Cristina Pardo Schlesinger y el magistrado Juan Carlos Cortés González, se evidenció que existían cinco indicios graves sobre presuntos acuerdos fraudulentos entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y los jueces de instancia con fines ilegales y dolosos de enriquecimiento económico en perjuicio de la aseguradora.

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“Seguros Bolívar S.A. probó que en las declaratorias, los tomadores aseguraron de forma deliberada que no padecían enfermedades y patologías que ya les habían sido diagnosticadas; en otros casos, los tomadores llegaban con pruebas de haber sido dictaminados con PCL (pérdida de capacidad laboral), un mes después de asegurar no padecer ninguna enfermedad”, indicó la Corte.

La sala encontró que el acuerdo fraudulento se habría materializado a través de la presentación de información falsa en las solicitudes de amparo, irregularidades procesales en el trámite de tutela e interpretaciones contrarias consignadas en las sentencias de tutela cuestionadas.

Además de ordenar las investigaciones pertinentes, la Corte revocó las sentencias de los fallos de instancia acreditados en situación de fraude y someterlos a un nuevo reparto y juzgamiento.