Contraloría de Medellín pone la lupa en 250 procesos represados de la Alcaldía de Daniel Quintero

La Contraloría Distrital de Medellín ha puesto bajo un riguroso examen técnico y jurídico el manejo de la vigilancia fiscal durante el periodo de gobierno de Daniel Quintero, tras el hallazgo de un volumen crítico de procesos de responsabilidad fiscal que permanecieron estancados.

La nueva contralora, Paula Ortega, reportó la existencia de más de 250 expedientes, un 70 % de ellos correspondientes al 2022, 2023 y 2024 que, a pesar de contener indicios de irregularidades como los computadores para niños, robo de energía, contratos en Sapiencia y en el manejo de los recursos públicos, no registraron avances significativos ni actuaciones procesales de fondo durante el cuatrienio anterior.

La apertura de esta auditoría especial busca determinar si el represamiento de estas investigaciones respondió a una deficiencia en la capacidad operativa del ente o si existió una omisión deliberada que pudiese favorecer la prescripción de los términos legales, lo que inhabilitaría al Estado para recuperar capitales presuntamente malversados.

El enfoque de las pesquisas actuales se centra en identificar las causas de la parálisis administrativa en procesos que involucran contratos de infraestructura, programas sociales y la gestión de institutos descentralizados que son eje de la economía local.

La contralora encargada ha manifestado que resulta imperativo esclarecer por qué, existiendo hallazgos técnicos previos, los expedientes no transitaron hacia las etapas de imputación o fallo, permaneciendo sin las debidas notificaciones o impulsos procesales que la ley exige para garantizar la transparencia.

Este fenómeno de inactividad administrativa es particularmente sensible dado que la prescripción de un proceso de responsabilidad fiscal representa un daño patrimonial adicional, al consolidar la pérdida de recursos que debieron ser resarcidos por los responsables.

Dentro del plan de descongestión propuesto, la entidad ha conformado un equipo técnico de alto nivel encargado de priorizar aquellos casos que se encuentran próximos a vencer, con el fin de emitir decisiones antes de que el tiempo administrativo agote la facultad sancionatoria.

La indagación también apunta a reconstruir la línea de mando y las responsabilidades individuales de los funcionarios que tenían a su cargo la custodia y el avance de dichos folios.

Los resultados de esta supervisión especial serán remitidos a otros organismos como la Procuraduría y la Fiscalía, dado que la omisión de funciones en el control fiscal podría derivar en implicaciones de carácter penal o disciplinario.

Con esta medida, el órgano de control busca restaurar la confianza en las instituciones de fiscalización de Medellín, asegurando que los hallazgos de auditoría no se queden en simples denuncias públicas, sino que se traduzcan en sanciones efectivas y en el reintegro de los dineros que pertenecen a la ciudadanía del distrito.