Condenan a abogado por estafar $2.843 millones en pensiones de invalidez en el Eje Cafetero

Un proceso judicial un poco atípico terminó hace unas semanas por medio de un recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia, luego de los fallos de primera y segunda instancia.

El procesado fue Fabián Alberto Montoya Calderón, un abogado que fue hallado responsable de los delitos de fraude procesal y estafa agravada por alterar el sistema de pensiones, especialmente de carácter de invalidez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos sucedieron entre los años 2011 y 2014 en el Eje Cafetero. Tanto Montoya Calderón como otro colega suyo ejercieron como apoderados de ciudadanos que necesitaban que les otorgaran una pensión de invalidez ante Colpensiones, que en ese momento era conocida como el Instituto de Seguros Sociales (ISS).

Aunque el objetivo de los dos juristas era obtener dicho reconocimiento para sus clientes, lo hicieron presentando unos dictámenes médicos falsificados como elementos probatorios que venían supuestamente de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

“Como parte de la documentación, los profesionales aportaron dictámenes aparentemente emitidos por las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez de Quindío, Risaralda y Caldas. Eran falsos, pues los distintivos de identificación correspondían a personas diferentes a las presentadas como reclamantes. Pese a ello, los abogados lograron el reconocimiento de pensiones por invalidez y, por consiguiente, el pago de retroactivos y mesadas pensionales, en detrimento del patrimonio del ISS y Colpensiones”, indica el expediente.

Las personas obtuvieron ilicitamente el reconocimiento de pensiones por invalidez, lo que generó afectaciones en el presupuesto tanto del ISS como de Colpensiones.

Por lo tanto, el abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, según la tesis del ente acusador que fue validada en las tres sentencias condenatorias, estuvo detrás de 52 reclamaciones fraudulentas cuyo valor estuvo en los 2.843 millones de pesos.

En noviembre del 2023, la Fiscalía ocupó bienes localizados en Pereira y Caicedonia que al parecer eran de propiedad del hoy condenado y estaban avaluados cerca de los 1.000 millones de pesos.

“Dada esa información, la Sala estima imperioso compulsar copias con destino a la Fiscalía, para que determine si hay lugar a promover la acción de extinción de dominio de los dineros públicos indebidamente desembolsados, con fundamento en las 52 solicitudes de pensión de invalidez presentadas por el abogado con base en dictámenes falsos”, indicó la sentencia de la Corte Suprema.

Así las cosas, es de recordar que el fallo de primera instancia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia emitió una condena de 20 años de prisión. Mientras que el del Tribunal Superior de Armenia ratificó la condena, pero modificando el tiempo de privación de la libertad a 15 años y 2 meses.