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¿Cómo les fue a las altas cortes en Colombia en el 2024? Este es el análisis
Recorrido por algunas de las decisiones más importantes que se tomaron en el año que recién terminó. Esto fue lo que pasó.
El 2024 fue un año decisivo para la justicia en Colombia. Las altas cortes del país tomaron decisiones que no solo definieron el rumbo de importantes casos judiciales, sino que también generaron un debate sobre la justicia, los derechos humanos y la política.
A lo largo del año, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) protagonizaron fallos que afectaron tanto la estructura del poder judicial como el bienestar de miles de colombianos.
Las decisiones en la Corte Suprema, que incluyeron condenas a figuras políticas y pronunciamientos clave en torno a la justicia transicional, se sumaron a las resoluciones de la Corte Constitucional que, en su defensa de los derechos fundamentales, reforzaron la protección de las mujeres y ampliaron el acceso a la eutanasia.
Mientras tanto, el Consejo de Estado y la JEP tomaron resoluciones históricas sobre la campaña presidencial de 2022 y la verdad detrás de los crímenes de guerra, respectivamente, abriendo nuevos caminos para la reparación de las víctimas.
Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia se convirtió en el epicentro de las discusiones jurídicas y políticas del país en 2024. El 25 de enero, la historia judicial del país dio un giro trascendental con la elección del magistrado Gerson Chaverra como el primer presidente afrodescendiente de la Corte Suprema. Su nombramiento fue un hito que refleja los avances en la representación y diversidad en las altas esferas del poder judicial.
La Corte Suprema también se pronunció sobre casos que involucraron a figuras políticas de alto nivel. Entre ellos, destaca la confirmación de la condena contra la excongresista Aída Merlano por delitos electorales.
La Sala Penal ratificó la sentencia, señalando que los recursos económicos utilizados en la campaña de Merlano excedieron significativamente los límites legales.
Asimismo, la Corte abrió investigación formal contra varios congresistas y un excongresista por presuntos acuerdos ilegales relacionados con la aprobación de proyectos y contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. La investigación, que involucra a los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado y Karen Manrique, busca esclarecer si los funcionarios utilizaron sus posiciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para obtener ventajas indebidas.
En otro frente, la Corte se pronunció sobre la figura del Gestor de Paz. Al negar la libertad del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, la Sala Penal enfatizó la importancia de equilibrar los intereses de la paz con la justicia y los derechos de las víctimas.
Corte Constitucional
En 2024, la Corte Constitucional emitió decisiones que reforzaron la protección de los derechos de las mujeres y el acceso a una muerte digna.
En una de sus decisiones, el alto tribunal determinó que los empleadores deben actuar ante actos de violencia contra la mujer y asesorarlas sobre las rutas de atención disponibles. En un caso específico, ordenó a una empresa reintegrar a una mujer despedida injustamente, pagarle salarios atrasados y crear un protocolo contra el acoso laboral y sexual.
Asimismo, la Corte subrayó la importancia de la perspectiva de género en el tratamiento del cáncer de mama y ordenó a una EPS suministrar un medicamento para una paciente, a pesar de no estar autorizado por el Invima.
Se puede hablar de un año en el que la Corte protegió los derechos de las mujeres y respaldó el enfoque de género en el país. En ese sentido, el alto tribunal destacó que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo deben recibir un servicio de salud libre de violencia obstétrica y discriminación.
Por otro lado, la Corte ordenó al Ministerio de Salud actualizar la resolución sobre el procedimiento de eutanasia para eliminar barreras de acceso. En un caso, protegió el derecho de una mujer con cáncer a recibir eutanasia, criticando la negativa de una institución de salud basada en criterios inadecuados.
Consejo de Estado
Las decisiones del Consejo de Estado durante 2024 marcaron un hito en los procesos relacionados con la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Estas resoluciones se centraron en definir competencias entre instituciones, rechazar demandas de nulidad, y ratificar la autonomía del Congreso para sancionar con pérdida del cargo al presidente y vicepresidente.
El 20 de mayo, la Sección Quinta del alto tribunal declaró su falta de jurisdicción para tramitar el proceso de pérdida del cargo contra el presidente, Gustavo Petro, y la vicepresidenta, Francia Márquez. La solicitud se basó en una presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial de 2022.
El magistrado explicó que, conforme a la Constitución y la Ley 996 de 2005, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la autoridad competente para conocer estos casos.
También advirtió que, aunque no existe una norma específica para la vicepresidencia, cualquier irregularidad que afecte la campaña impactaría ambos cargos, lo que justifica que el Congreso aborde ambos casos.
En otra decisión del 6 de agosto, aclaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) únicamente puede imponer sanciones administrativas, quedando excluido de decretar la pérdida del cargo del presidente y vicepresidente.
Las tensiones entre el primer mandatario y el Consejo de Estado se intensificaron a raíz de varias decisiones judiciales, especialmente aquellas que afectaron a funcionarios cercanos a su administración. Dos casos destacaron por su impacto: la anulación del nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador de Colombia en México y la nulidad de la elección de Juan Carlos Upegui como concejal de Medellín.
En el caso de Upegui, el Consejo de Estado determinó que incurrió en una inhabilidad legal para ejercer el cargo. Respecto a Ninco Daza, la alta corte concluyó que el Ministerio de Relaciones Exteriores incumplió el debido proceso al omitir la evaluación de las observaciones presentadas por el sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular y al no publicar la hoja de vida del candidato en el plazo legal de tres días calendario previos a su designación.
