Autoridades intervinieron 18 minas ilegales en Atrato-Yuto, en el departamento del Chocó

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ejecutó una amplia ofensiva contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en el departamento del Chocó, como parte de la Operación “Chocó II”.

Dicha intervención se desarrolló en el municipio de Atrato-Yuto, específicamente en el corregimiento de Paimadó, y estuvo orientada al control de delitos ambientales y a la protección de los recursos naturales estratégicos de la región.

Resultados del operativo

Como resultado de la ofensiva, las autoridades lograron intervenir 18 minas ilegales, de las cuales 10 corresponden a casos plenamente identificados. Durante la operación se procedió a la destrucción e inutilización de 69 elementos empleados en la actividad minera ilícita.

Entre el material afectado se encuentran 22 dragas, 10 retroexcavadoras, 27 motores y 10 motobombas, equipos que eran utilizados para la extracción ilegal de minerales y que representaban una amenaza constante para el entorno natural del Chocó.

El desarrollo de esta operación se realizó con la articulación de varias entidades del Estado. En el despliegue participaron el Batallón de Infantería N.° 12, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Unidad para el Mantenimiento del Orden, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ).

Las acciones adelantadas permitieron mitigar de forma directa los delitos ambientales que afectan gravemente los ecosistemas de la región. Pues la intervención contribuyó a reducir la alteración de la franja forestal protectora y a evitar el vertimiento de sustancias químicas contaminantes, prácticas que generan desplazamiento y mortalidad de fauna y flora silvestre.

Asimismo, se protegieron las fuentes hídricas del río Atrato, las cuales, según señalaron, son fundamentales para la biodiversidad y para las comunidades que dependen de este afluente, evitando un mayor deterioro ambiental.

Otro aspecto que se conoció es que la operación “Chocó II” logró una afectación significativa a las economías ilegales asociadas a personas y estructuras criminales emergentes que se lucran de la explotación ilícita de minerales. Según las autoridades, el impacto económico supera los $7.000 millones de pesos, debilitando la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones.

“Seguiremos actuando con firmeza y articulación interinstitucional para preservar nuestros territorios y garantizar la seguridad ambiental de las comunidades”, expresó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.